Los productores todavía tienen por vender de la campaña pasada soja y maíz por unos US$10.000 millones y, según diversas fuentes consultadas, una eventual modificación de las retenciones, al menos con una reducción de manera temporal, medida que el Gobierno tendría en estudio, podría incentivar las ventas pendientes. Pese al trascendido, la posible implementación no fue comentada a los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial.
Según los cálculos de Ariel Tejera, responsable del Departamento de Análisis de Mercados de Grassi SA, en maíz quedan por comercializar unos 14,7 millones de toneladas por unos US$2800 millones. En tanto, en soja, falta vender unos 19 millones de toneladas por unos US$8000 millones.
En el caso del maíz, se vendió el 71% de la cosecha versus el 68% a igual fecha del año pasado. Por el lado de la soja, ya se comercializó el 62%, un porcentaje levemente por debajo del 65% para igual fecha del año pasado. Vale recordar que las retenciones en soja están en el 33% y las del maíz en 12%.
“No tengo dudas de que ayudaría (una eventual modificación con baja de las retenciones) a que muchos aprovechen para poder vender o exportar en este momento, siempre y cuando también haya medidas en ese marco que generen una confianza hacia adelante, porque si me dicen que hoy bajan las retenciones pero mañana voy a tener un dólar que va a ser devaluado, que si le quito las retenciones tiene el mismo valor que el de hoy, probablemente me quede quieto porque con los granos por lo menos mantengo el poder de compra”, dijo a LA NACION Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Según Chemes, una medida así “tiene que desarrollarse dentro de un marco que genere confianza, si no va a ser muy difícil que cualquier medida puntualmente solucione el problema como está (en la economía)”.
Ante una consulta, Eugenio Irazuegui, de la firma Zeni, evaluó el impacto de una eventual baja de los derechos: “De prolongarse en el tiempo, sería una señal positiva en pos de generar incentivos a la producción e inversión en tecnología, de cara a la siembra gruesa que está desarrollándose en estos momentos. Lógicamente que dependerá de la magnitud y si permite resguardar el valor de la mercadería dado el actual diferencial cambiario”.
Algunas fuentes con acceso al Gobierno consideran que la medida “sería buena” si se tomaba de sorpresa. En rigor, interpretan que el solo trascendido ahora puede generar el efecto contrario: que el productor demore la comercialización a la espera de que eventualmente se conozca.
“Si mejora el precio FAS (que se paga internamente), ¿quién no vende cuando es más alto?”, dijo un exportador, que no obstante precisó que en la agroexportación no conocen las medidas que podría aplicar el gobierno nacional.
“Los derechos de exportación para la soja están muy altos, hay que estimular la siembra de la próxima campaña”, dijo la fuente de la exportación. Agregó que el estrés hídrico que se prevé en la próxima campaña “podría morigerarse si hay una inversión de un paquete tecnológico mayor”.
“Hay que consensuar con el gobierno un cronograma de reducción de derechos para todo el complejo de la soja. Las alícuotas deben tener en cuenta los grados de industrialización de la soja y promover igualdad de condiciones para competir”, añadieron en el sector agroexportador.
En opinión de Juan Manuel Garzón, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, la baja de las retenciones “tendría que ser muy fuerte” como para impulsar la venta de granos. Además, debería ser por una “ventana” considerable de tiempo para la aplicación.
“No veo que se entusiasmen mucho (los productores) con una baja de dos puntos. Tendría que ser un monto relevante”, apuntó. Garzón explicó que una reducción menor no tendría mucho impacto en la comercialización.