La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (Cedaba) recomendó la declaración del estado de emergencia en ese partido por el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
De esta forma, habilitó el acceso de los productores de este distrito a los beneficios impositivos establecidos por ley.
La CEDABA volvió a reunirse el último jueves para analizar las nuevas solicitudes ingresadas por distintos municipios cuyas producciones se vieron afectadas por la escasez de lluvias, junto con informes agroclimáticos y relevamientos realizados por el Ministerio de Desarrollo Agrario.
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La ley establece que aquellos productores y productoras que hayan visto afectado entre el 50% y el 79% de su producción o capacidad de producción, serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de la actividad agropecuaria.
En tanto, los que hayan sufrido una afectación de entre el 80% y 100% de su producción o capacidad de producción entran en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de la afectación de la explotación.
Además, el Gobierno provincial puso a disposición distintas líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática que afectó a estas regiones, destinadas principalmente a pequeños y medianos productores.
Esta nueva reunión estuvo presidida por el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria del MDA, Cristian Amarilla, junto con el director de Sustentabilidad y Medio Ambiente, Raúl Villaverde, y el equipo de trabajo del Ministerio. Participaron también representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Banco de la Provincia de Buenos Aires, y de entidades que conforman la Comisión (CONINAGRO, SRA, CARBAP, FAA y FEBAPRI).