Ambos sectores de la dirigencia agropecuaria se pronunciaron por separado sobre las medidas lanzadas ayer por el Gobierno con el objetivo de controlar los precios y recordaron los efectos negativos sobre el sector cuando en el pasado se implementaron políticas similares.
Tras conocerse el dato de inflación de casi el 5% para marzo, la cifra más alta de la gestión del Frente de Todos, el Gobierno anunció una serie de medidas (cuya normativa aún no fue difundida) que apuntan a controlar las exportaciones de carne vacuna y sus precios en el mercado interno. Desde hace tiempo, el sector privado está advirtiendo que el alza de los precios internacionales de los granos, uno de los argumentos oficiales para la intervención, tienen una baja incidencia en los valores de los alimentos.
En ese sentido en las últimas horas se difundieron diferentes pronunciamientos con críticas a los mayores controles y requisitos para exportar carne vacuna, mediante la creación de un registro de exportadores. Los dirigentes de la Mesa de Enlace y del Consejo Agroindustrial Argentino, por separado, fueron los sectores más representativos que presentaron su oposición a las medidas adoptadas por el Gobierno.
La dirigencia que integra la Mesa de Enlace cuestionó la creación del registro de exportaciones. Advierten que ya se aplicó en años anteriores y no solamente no resolvió los problemas inflacionarios que ya son históricos, sino que provocó una merma en la producción, exportaciones y niveles de empleo. Y además anunciaron que solicitaron hoy de manera urgente una audiencia con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán.
Según comentaron en un comunicado, el objetivo es dialogar con los funcionarios, antes que las medidas sean publicadas en el Boletín Oficial, sobre las necesidades, motivaciones y alternativas sobre el tema y antes de que se tome una decisión final. Por otro lado, los dirigentes buscan presentar a los funcionarios los datos que reflejan el impacto negativo que tuvo entre 2006 y 2015 los llamados Registros de Operaciones de Exportación (ROE), que actuaron como permisos, cuotas y no solamente como registros.
En ese momento se buscaba también como sucede ahora bajar los precios de la carne en el mostrador, pero entre enero de 2006 y diciembre de 2011, recordaron los integrantes de la Mesa de Enlace, el precio de la carne subió 300%, la inflación del país en el mismo periodo fue del 200%, se perdieron 10 millones de cabezas de ganado, la producción cayó un 18%, se cerraron más de 100 plantas frigoríficas, se perdieron miles de empleos y el consumo mermó un 10%”.La Mesa de Enlace y su última reunión con Alberto Fernández.
En los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias está muy fresco el recuerdo de las reuniones que mantuvieron con Alberto Fernández, en las que se comprometió a mantener un diálogo proactivo y que no se volverían a utilizar los cierres, cupos y restricciones a las exportaciones.
“Confiando en que se mantenga esa palabra, repetida a su vez por varios funcionarios de diverso rango, aguardamos una pronta respuesta a este pedido de audiencia, siempre con el ánimo de evitar mayores problemas en un contexto económico y social tan delicado como el que vivimos”, concluyó el documento de la Mesa de Enlace.
Por otro lado, en esta jornada los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), integrado por cámaras y entidades que representan a todas las economías del agro y sus industrias del país, realizaron de manera virtual una reunión plenaria donde se analizó el paquete de medidas para el sector. “Los mayores controles y requisitos en materia de exportación afectan de manera directa cualquier iniciativa de desarrollo exportador, generador de empleo y divisas”, dijeron los dirigentes en un comunicado.
Además, señalaron que son conscientes de la crisis económica y social del país, que se agravó con la llegada de la pandemia del coronavirus, y puntualizaron que el camino a recorrer para lograr la reactivación económica “debe ser la búsqueda del crecimiento exportador de manera inclusiva, sustentable y federal con políticas que busquen el crecimiento de la producción y la industrialización del agro argentino, para de esta manera generar divisas genuinas, inclusión y empleo en todo el territorio nacional”.
Proyecto
Hay que recordar que este espacio conformado por más de 50 entidades está trabajando con el Gobierno para la redacción de un proyecto de ley para el desarrollo agroindustrial. El presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar este año la iniciativa al Congreso de la Nación. Es por eso, que el Consejo ratificó su vocación de seguir buscando los consensos para diseñar las políticas públicas para alcanzar el crecimiento de la Argentina.El Consejo Agroindustrial se pronunció sobre las últimas medidas oficiales.
“El Consejo está firmemente comprometido a dialogar, proponer, accionar y comunicar las políticas públicas que respondan a esta delicada situación profundizada por la pandemia sanitaria que impacta en todas las actividades económicas, incluyendo al agro”, concluyó el comunicado.
La idea que trabaja el Gobierno y el Consejo es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. Además, entre otros preceptos, el proyecto apunta a lograr la estabilidad fiscal en los tres niveles del Estado; fomento a la inversión agroindustrial; un régimen especial de amortización acelerada; programas de prefinanciación de exportaciones a tasas internacionales; y una agenda “agresiva” en cuanto al acceso a mercados y negociaciones internacionales. De cumplimentarse todo esto, el Consejo prevé que para 2025 las exportaciones podrían incrementarse en 16.000 millones de dólares y generar 700.000 empleos nuevos entre directos e indirectos.
Fuente: Infobae