Uno de los principales puntos de las manifestaciones volvió a ser el distrito santafesino de Avellaneda, donde funciona la empresa Vicentin
El interior del país también se movilizó y adhirió al “banderazo”, como ya había sucedido en las dos anteriores convocatorias. Si bien las entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace dieron libertad de acción a sus asociados, los sectores de productores autoconvocados fueron los que más estuvieron presentes en la organización de la movilización, especialmente los integrantes del Movimiento “Campo+Ciudad”, con la premisa de que se respeten los diferentes protocolos de seguridad y prevención del coronavirus, y el distanciamiento social.
Una de las anteriores movilizaciones fue en medio del avance del gobierno nacional para intervenir y expropiar la agroexportadora Vicentin, instalada en el norte de Santa Fe desde hace 90 años. Más allá que el gobierno decidió dar marcha atrás con dicho proyecto, la ciudadanía continúa movilizada en defensa de la propiedad privada.
Según informaron los productores autoconvocados, hubo manifestaciones en más de 150 localidades del país, pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, y Tucumán.
Entre las principales consignas de la movilización en los diferentes puntos del país, se encontraban el rechazo al proyecto del gobierno para reformar la Justicia, la defensa de la propiedad privada, y expresar la preocupación por el aumento de la inseguridad y del delito rural.
“La defensa de la división de poderes es uno de los principios fundamentales que promueve nuestra organización. Sólo con auténtica independencia entre la Justicia, el Congreso y el Ejecutivo puede haber un equilibrio que preserve los derechos y garantías que recoge nuestra Constitución Nacional”, manifestaron desde el espacio de productores autoconvocados “Campo+Ciudad”.
Y agregaron: “La importancia del rol de cada órgano se hizo evidente en el reciente conflicto por la frustrada expropiación de Vicentin. Las masivas movilizaciones ciudadanas exigían al Presidente de la Nación que desistiera en su intento de avasallar la propiedad privada, pero quien recogió el guante no fue Alberto Fernández, sino el juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores”.
Por otro lado, en relación a la reforma judicial que propone el gobierno nacional, desde el movimiento, dijeron: “La iniciativa la interpretamos como un intento más de poner de rodillas a la Justicia, se definirá en el Congreso. Pero, mientras tanto, la batalla por la independencia de la Justicia se libra en otro frente: el Consejo de la Magistratura”.
Es por eso que solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “confirme el fallo que declara inconstitucional la ley 26.080 que reformó el Consejo de la Magistratura. Asimismo, manifestamos nuestro respaldo a sus integrantes, y nuestro compromiso con su independencia y libertad de acción”.(Infobae)