Desde Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), volvieron a poner arriba de la mesa una problemática que se agudizó en los últimos tiempos y que parece no encontrar punto de equilibrio: la polémica por el cobro de tasas municipales al campo.
Los productores rurales de distintas partes del país, y en este caso de las comunas de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, fueron objeto de estudio de un largo análisis que presentó la entidad dirigida por Ignacio Kovarsky.
“En los últimos años, los municipios bonaerenses han incrementado significativamente la presión fiscal sobre el sector agropecuario, especialmente a través de la tasa vial y la tasa de guías”, apuntaron desde Carbap.
Según explicaron, las tasas se convirtieron en “herramientas recaudatorias abusivas”, con valores fijados que entienden como arbitrarios y “sin justificación técnica”.
Informe
CARBAP y su distribución geográfica se divide en 8 zonas, 7 de las cuales son todas de Buenos Aires y una sola de La Pampa. En total, se trata de un universo de 114 asociaciones rurales con una representación que supera los 34.000 productores agropecuarios, según datos del propio estudio.
“La Provincia de Buenos Aires cuenta con una extensa red de más de 120.000 kilómetros de caminos rurales de tierra, esenciales no solo para la producción agropecuaria, sino también para la vida cotidiana de miles de familias que habitan en el interior bonaerense. Estos caminos constituyen la columna vertebral del sector productivo, permitiendo el traslado de más de 45 millones de toneladas de grano, 2.500 millones de litros de leche y más de 15 millones de cabezas de ganado cada año”, graficaron.
Incrementos
Según los analistas de la entidad el aumento desmedido se dio por la “Tasa vial”, destinada a la conservación de los caminos rurales. Y por la “Tasa de guías (marcas y señales)”, aplicada sobre el traslado de hacienda. La misma también debe ser aplicada al mantenimiento de caminos rurales.
La primera de las tasas fue creada cuando la Provincia transfirió a los municipios la responsabilidad del mantenimiento de los caminos de tierra.
“Su cobro debería estar vinculado a un plan de obras específico, con costos claramente definidos. Sin embargo, en la práctica, los municipios fijan valores de manera arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, con diferencias de hasta ocho veces entre distintas jurisdicciones, y más del 60% de los caminos tienen un estado de regular a malo”, plantearon.
En este caso la tasa vial agravan la carga fiscal sobre los productores agropecuarios, por ejemplo en Necochea con la polémica Tasa Portuaria.
A raíz de esta y otros tributos, Necochea ocupa uno de los lugares de mayor presión fiscal, junto a otros municipios de Buenos Aires y La Pampa.