Los rectores de las universidades públicas –nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)–, junto con los organismos que representan a los docentes y no docentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y a los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina) anunciaron hoy una nueva marcha federal universitaria para el próximo 2 de octubre a las 17 hs. La medida fue confirmada en una conferencia de prensa conjunta y se definió luego de que el presidente Javier Milei anticipara su intención de vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, describió un escenario de “tormenta perfecta” y advirtió que el presupuesto 2025 implicará una pérdida salarial aun mayor que la de 2024 para los docentes y no docentes universitarios. “Queremos establecer esperanza para un futuro mejor para los jóvenes. No es un problema de financiamiento, sino de prioridades”, dijo Moriñigo.
“Pasaron cinco meses y estamos en el mismo punto de partida. Hay una mezcla explosiva de desconocimiento y de prejuicio por parte del Gobierno”, agregó, a la vez que subrayó la “voluntad de diálogo” por parte de los rectores.
Si bien la marcha tendrá su epicentro en la Plaza del Congreso, el presidente del CIN anticipó que será “bien federal” y expresó: “Ojalá se nos llame pronto para poder resolver cómo financiar el sistema universitario y la ciencia y la tecnología de nuestro país”. Al explicar las razones de la marcha, Moriñigo mencionó la desinversión en organismos científicos y tecnológicos como el Conicet, INTI, INTA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que en muchas provincias tienen sus sedes dentro de las universidades nacionales. Sobre los salarios, denunció: “Vamos perdiendo 50 puntos contra la inflación, 20 puntos contra los demás empleados estatales y seguimos perdiendo puntos mes a mes”.
La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención: el proyecto superó de manera holgada los dos tercios. La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.