La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense realizará este miércoles 7 de octubre un paro de actividades y movilización a la Legislatura provincial. La medida podría afectar el funcionamiento de distintos organismos y servicios públicos de la Provincia. En nuestra ciduad y Quequén podrían verse afectados el normal dictado de clases debido a que los auxiliares de educación se sumaría al medida de fuerza
La jornada de protesta fue convocada en reclamo de una recomposición salarial, el pase a planta permanente de trabajadores que se encuentran bajo modalidades de contratación precarias y la creación de cargos para áreas consideradas críticas. ATE también reclama que el Presupuesto bonaerense contemple recursos para fortalecer los servicios públicos y mejoras en las condiciones laborales.
Qué puede pasar en las escuelas
Uno de los sectores donde el impacto podría ser más visible es Educación. ATE representa a trabajadores auxiliares de las escuelas bonaerenses, por lo que la adhesión al paro puede afectar el funcionamiento de los establecimientos.
En aquellos casos en los que no se pueda garantizar la limpieza y las condiciones de higiene y seguridad por la ausencia de los auxiliares, podrían suspenderse las clases, aun cuando los docentes concurran. El alcance dependerá de la adhesión en cada establecimiento.
La situación se da, además, en una jornada en la que también fueron anunciadas medidas de fuerza por agrupaciones docentes disidentes, por lo que en algunas escuelas podrían coincidir la ausencia de auxiliares y docentes.
También podrían verse afectadas distintas dependencias de la administración pública bonaerense en las que se desempeñan trabajadores afiliados a ATE.
Reclamo por el Presupuesto
La movilización tendrá como destino la Legislatura bonaerense y estará vinculada con el tratamiento del Presupuesto provincial 2027.
ATE reclama que el proyecto contemple recursos para incorporar personal, avanzar con los pases a planta permanente y fortalecer áreas consideradas esenciales. El gremio también plantea una recomposición salarial y cuestiona la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores estatales.