La decisión del Gobierno provincial de suspender el dictado de clases en las escuelas bonaerenses, pero mantener la asistencia de parte de docentes y auxiliares, provocó un fuerte rechazo en los gremios del sector, que salieron a impugnar la medida “en resguardo de la salud de los trabajadores”.
El SUTEBA anunció que impugnó el artículo 2 de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial para que se licencia inmediatamente “al personal que lo amerite”.
Como habla de “normalidad en la asistencia de Docentes y Auxiliares a las Escuelas” y no atiende, según el gremio, “la intención del comité de expertos de reducir al máximo la circulación de personas, las reuniones entre las mismas y, según la normativa nacional”.
Por eso demandan que sólo se garanticen “guardias mínimas” en escuelas que “garanticen en este caso la continuidad pedagógica de los Alumnos y el suministro de alimentos a través del SAE”.
“Establecer una supuesta normalidad frente a una situación absolutamente extraordinaria genera incertidumbre, angustia, contribuye a una suerte de intranquilidad colectiva y alimenta el temor que todos/as tenemos ante una situación extraordinaria riesgosa como lo es una pandemia”, indica el documento presentado ante las autoridades.
Además asegura que el pedido de asistencia “atenta contra el objetivo de impedir la propagación de la pandemia y el cuidado de Docentes, Auxiliares y de toda la comunidad educativa”. Por eso reclaman que se modifique el artículo y “se le otorgue facultades extraordinarias, tanto al Equipo Directivo de las Escuelas como al Cuerpo de Inspectores, para resolver en cada territorio guardias mínimas de acuerdo a la normativa nacional y provincial, y teniendo en cuenta las particularidades de cada Escuela y de cada comunidad educativa”.
La intención es que cada escuela proceda a la “desinfección, desinsectización, desmalezamiento y descacharrización”, “limpieza del establecimiento (aulas, dependencias, salón de usos múltiples, patios y tanques de agua)”, “provisión de elementos de higiene necesarios y suficientes que garanticen la profilaxis y la seguridad sanitaria”.
En paralelo, se reclama que se licencie de forma inmediata a todo el personal que “se encuentre entre los grupos de riesgo”, “aquellos que tengan a su cargo el cuidado de hijos y adultos mayores”, “aquellos que se encuentran en período de cuarentena preventiva” y a todo el que “amerite la no concurrencia”.