A partir de las 21, este viernes, se proyectará en el cine Ocean el documental sobre el caso Vicentín. Se trata de Cuellos Blancos, realizado por Andrés Cedrón.
Se trata de una investigación que revela la trama de delitos financieros ejecutados por el poder económico y sus acólitos en los poderes político y judicial, dejando al borde de la quiebra a una de las empresas nacionales más importantes de la Argentina.
Vicentin cayó en default en diciembre de 2019 y adjudicó la cesación de pagos -en ese entonces, no podía cubrir una deuda de u$s 350 millones- a una situación de “estrés financiero”. En febrero de 2020 se presentó en concurso de acreedores.
En diciembre de 2019, durante los últimos días de la presidencia de Mauricio Macri, Vicentin S.A.I.C informó que iniciaba un proceso de reestructuración de pagos a partir de una situación económica de crisis que afectaba a la empresa, entrando así en default.5 La empresa se declaró en una situación de “estrés financiero” debido a que adeudaba 1350 millones de dólares, principalmente al Banco Nación.6
En 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández, se anunció una intervención por decreto y posterior envío al Congreso de un proyecto de ley de expropiación de los activos de Vicentin, afirmando que la cerealera ─endeudada y en concurso de acreedores─ corría riesgo de quiebra, y que se preparaba un rescate seguido de expropiación, con el objetivo de transformarla en una empresa de carácter público.
Luego del anuncio, se produjo una serie de debates y deliberación, tanto interna de sectores del gobierno como con el resto del arco político y empresario: lo que se discutía era si la intervención y expropiación serían las mejores opciones para el rescate de esta empresa agroexportadora, o si había que buscar otra manera de hacerlo.
Finalmente, el 19 de junio último este debate pareció haberse zanjado cuando el presidente aceptó una propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (Frente de Todos), que implica desistir de la segunda de las medidas, es decir de la expropiación de los bienes (la cual se había anunciado que se concretaría con el envío de un proyecto de ley al Congreso, que nunca se mandó).8 El plan del interventor gubernamental, Gabriel Delgado, y del gobernador Perotti, es tomar el control de la administración de la compañía y, bajo la supervisión del juez que maneja el expediente, poner a funcionar sus estructuras industriales.8
El 19 de junio el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien entiende en la causa judicial sobre la intervención de la empresa (iniciada por los directivos de Vicentin) estableció que los directivos de la empresa siguieran en el directorio, manteniendo como veedores a los interventores designados por el presidente Fernández.
El 24 de junio Lorenzini decidió abrir como un incidente aparte del concurso de acreedores la propuesta de intervención presentada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; la resolución del juez no rechaza la presentación que hizo el gobierno, pero le resta relevancia dentro de la causa al tratarla como un incidente para resolver por fuera de la misma.
De esa forma volvió a tomar protagonismo la posibilidad de la expropiación de Vicentin, algo que Alberto Fernández remarcó cuando afirmó: “Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación”.
El 14 de julio, luego de críticas de algunos sectores contra la medida,1011 el presidente afirmó: “Yo me equivoqué con el tema Vicentín porque pensé que todos iban a salir a festejar el rescate de la empresa y sus trabajadores, pero eso no sucedió”.
Actualmente, el gobernador santafesino Perotti intenta poner en marcha un fideicomiso bajo control provincial que maneje la empresa hasta que se forme una nueva sociedad mixta, sin los actuales dueños; proyecto que cuenta con el respaldo de Alberto Fernández.
El 24 de julio se produjo un paro de trabajadores en la Algodonera Avellaneda, empresa parte del grupo Vicentin, la cual está ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Reconquista. Los trabajadores venían protestando 15 días antes de la fecha del paro, reclamando por “salarios de miseria” y falta de pago.
Además, los directivos de la algodonera no se presentaron en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para destrabar el conflicto.
Los trabajadores cobran salarios entre 20 y 25 mil pesos mensuales promedio,14 parte de los cuales la empresa abona con vales de mercadería que se descuentan del ingreso salarial, según señaló el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón.