El fiscal Eduardo Nuñez solicitó la pena de 26 años y seis meses de cárcel para Ruben Ortega por el delito de intento de femicidio en perjuicio de Marisa Astudillo, hecho cometido en Necochea el 21 de abril de 2017. El mismo pedido hizo el Dr. Julio Razona, que representa la víctima. Dicha condena supera la pena máxima prevista para ese delito, que es de 25 años. Pero el fiscal apeló a un artículo del Código Penal para requerir un castigo superior.
Ortega había sido declarado culpable, por unanimidad, por un jurado popular compuesto por 12 ciudadanos, en la madrugada del sábado 9 de este mes.
El abogado defensor del condenado, César Sivo, consideró inconstitucional la aplicación del artículo mencionado por el fiscal. Y bregó para que la jueza Mariana Giménez aplique “una pena justa y útil”.
El viernes próximo, a la hora 11, se conocerá la sentencia a dictar por la jueza Mariana Giménez.
Los alegatos de Nuñez, Razona y Sivo fueron pronunciados este lunes, luego de importantes testimonios brindados en un juicio por cesura, posterior al juicio oral y público llevando por el jurado popular.
Fabio Gabriele, médico de policía, fue contundente con su informe respecto de las secuelas físicas que le quedarán de por vida a Marisa Astudillo, a consecuencia de los tres disparos que le efectuara Ortega en una vivienda del Barrio 9 de Julio, en la que vivían, ya separados de hecho. Más precisamente en 102 bis N° 3966.
La propia Marisa Astudillo, que ingresó a la sala despaciosamente apoyada en muletas, brindó su testimonio acerca de las consecuencias que aquellos disparos le produjeron. “No tengo la vida de antes. Todo me cuesta mucho trabajo. Hago todo lento y me agito mucho, estoy limitada en muchas cosas”, afirmó con voz tenue.
Camila Ortega, hija del victimario y de la víctima, habló sobre la relación con sus padres, hallándose ante una situación “rara”, según sus propias palabras. “Es una persona enferma, muy enferma”, dijo de su padre, para quien solicitó “un buen tratamiento”. Y confesó que, si bien a veces recuerda los tiempos en que en la familia se hallaban todos juntos, considera que estando sus padres separados “es mejor, porque ya no habrá gritos ni violencia”.
El psiquiatra Mario Dimauro reveló haber sido requerido por Ortega antes del violento desenlace, teniendo conciencia el ex policía de que con sus actitudes estaba produciendo el alejamiento de sus seres queridos. El profesional afirmó que Ortega tenía “celos patológicos” y que vivía atormentado por ello.
Dolores Trinidad Germino, madre de Ortega, contó que su hijo siempre necesitó asistencia psiquiátrica y psicológica, desde pequeño, siendo atendido en el Hospital Fiorito de Avellaneda y en el Neuropsiquiátrico de Necochea.
“Era revoltoso” y “muy inteligente”, dijo la mujer, que minutos antes, fuera de la sala de debate, se había estrechado en un fuerte abrazo con su ex nuera, Marisa Astudillo. “La quiero mucho. Los quiero mucho a los dos”, expresó la mujer aludiendo también a su hijo. En un cuarto intermedio pudo saludar también a Ortega, abrazándose con él y dejándole una bolsa con atados de cigarrillos.
El fiscal Eduardo Nuñez, al hacer la acusación, puso énfasis en la magnitud y la extensión en el tiempo, tanto de la violencia de género cometida durante dos décadas, como de los daños causados a la mujer.
Teniendo en cuenta el informe del médico de policía Fabio Gabriele, recordó que producto de los disparos recibidos, Astudillo tiene dificultades para evacuar vejiga e instestinos, ya que carece de sensibilidad y debe hacerlo mecánicamente. También padece deficiencias sensitivo motoras en sus dos piernas, a punto tal que apenas puede caminar apoyándose en muletas. Además de serias dificultades respiratorias, debiendo ser operada de la tráquea, lo que afectaría notoriamente su voz.
El representante del Ministerio Público no obvió que a la afectación física se suman la psicológica y económica, ya que Astudillo, sin bien salvó su vida, desde que Ortega la hirió nunca más pudo trabajar. Hasta entonces tenía las concesiones de un buffet en el gimnasio Palestra y otro en una escuela.
Describió Nuñez la manipulación de la que era objeto Astudillo, a quien Ortega conoció en un boliche de Mar del Plata cuando ella tenía 17 años, así como numerosos episodios de violencia durante todos estos años. Entre otros, mencionó episodios relatados por su hijo Franco, quien reside en Mar del Plata y no tiene vinculación con su padre desde aquella violenta jornada en que su madre recibió los tres disparos.
Ortega actuaba obsesivamente queriendo tener el control de su esposa. No quería que trabajara y llegó a requerir a los propietarios del natatorio que le rescindieran el contrato por la concesión del buffet. Le introducía micrófonos en la cartera para grabar sus conversaciones, le controlaba el tiempo que demoraba en hacer los mandados, le sacaba el dinero y rechazaba que hiciera compras personales, que debía hacer a escondidas.
Nuñez sólo tuvo en cuenta como atenuantes la falta de antecedentes penales de Ortega. No consideró eximentes. Y como agravantes subrayó el “pésimo concepto” que en diversos ámbitos se tiene de Ortega.
Julio Razona hizo eje en “los más de 20 años de violencia de género” cometida por Ortega, que tuvo a su esposa prácticamente como “una prisionera de guerra”. Indicó que en varias oportunidades “Marisa intentó escapar” de ese clima de violencia, sin poder concretarlo. Recordó que el condenado “amenazó con prender fuego la casa”, haciendo en otra oportunidad un simulacro de suicidio poniéndose el revólver en la sien delante de su hijo cuando éste tenía cinco años.
“La sometió a humillaciones y sometimientos durante más de 20 años”, subrayó Razona, quien –basándose en palabras del propio hijo del condenado- lo describió como un sujeto “perverso” y “morboso”, que padece celos enfermizos de orden neurótico, no psicótico”.
Coincidiendo con el pedido de 26 años y seis meses de cárcel hecho por Nuñez, Razona solicitó que si en el futuro se morigerara la pena, debe aplicarse una restricción de acercamiento permanente, de por lo menos 500 metros de distancia. Y solicitó que se inhiban bienes de Ortega, a fin de poder hacer frente a una posterior demanda civil.
César Sivo, defensor del condenado, señaló como atenuantes la falta de antecedentes penales, así como un informe socio ambiental que da cuenta de carencias afectivas que tuvo durante su vida. Culpó también a “la inoperancia de agencias del Estado” que “no actuaron a tiempo” pudiendo evitar desenlaces tan violentos.
En tal sentido, enfatizó que “hay 58.000 personas armadas en la Provincia a las que no se les hace controles psicológicos”, aludiendo a las fuerzas policiales. También destacó la edad del condenado (más de 50 años).
Sivo cuestionó que se le pretenda dictar una condena superior a la prevista. Y abogó, finalmente, para que se le aplique a Rubén Ortega “una pena justa y útil”.
La jueza Giménez volvió a darle a Ortega la oportunidad de expresarse antes de conocerse la sentencia. Volvió a “pedir perdón a toda la sociedad” y expresar sus deseos de “que Marisa siga evolucionando bien”.