El magistrado lo acusa de coacción y tentativa de extorsión, pero le dictó falta de mérito del delito de asociación ilícita. Le trabó un embargo de 3 millones de pesos.
A solo cuatro días de las PASO, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó este miércoles, sin prisión preventiva, al periodista Daniel Santoro en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de una supuesta banda de espionaje nacional e internacional liderada por el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien se encuentra detenido.
En la causa número 88/2019 caratulada “D´Alessio, Marcelo Sebastián s/ asociación ilícita y otro”, el magistrado encontró a Santoro responsable de los delitos de coacción y tentativa de extorsión en perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat y Mario Víctor Cifuentes , y le entabló un embargo de 3 millones de pesos.
De todas maneras, Ramos Padilla le dictó la falta de mérito en el delito de asociación ilícita.
En la misma resolución, el juez amplió el procesamiento con prisión preventiva de Marcelo D’Alessio, y le mantuvo el embargo por 10 millones de pesos.
Santoro había declarado el pasado 17 de julio ante Ramos Padilla en la causa en la que también está imputado el fiscal Carlos Stornelli. Estuvo casi cinco horas ante el juez y negó su participación en la banda del falso abogado, de quien dijo: “Usó mi nombre sin mi conocimiento y sin mi autorización, para extorsionar”.
El periodista de Clarín presentó un escrito de 30 páginas al juez y al fiscal Juan Curi. El juez lo había imputado por su rol en las causas de Mariano Cifuentes y Gonzalo Brusa Dovat, empresarios supuestamente extorsionados por D’Alessio.
Al citarlo a indagatoria, Ramos Padilla imputó a Santoro por entender que “prima facie” estaría probado “no sólo el vínculo de conocimiento y confianza que mantenía con Marcelo D’Alessio, sino su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada”.
En el escrito, el periodista niega formar parte de esa asociación ilícita. Además, solicita que se anule el informe con las llamadas entrantes y salientes de su teléfono celular, que le proveyó la empresa Telefónica, ya que están protegidas por el secreto profesional periodístico, garantizado por el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Además, Santoro pidió la destrucción del informe de Telefónica con todas sus llamadas lo que fue avalado por FOPEA, ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo, El Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, el constitucionalista Daniel Sabsay y una solicitada firmada por más de 600 periodistas, entre otros.
Santoro fue uno de los más de 20 periodistas que tenían a D’Alessio como fuente y el único en ser llamado a indagatoria. El debate sobre los derechos de Santoro se convirtió en un caso testigo para la protección de las fuentes en Argentina y el resto de América Latina.