El fallo fue dictado por el juez Mario Juliano, quien respaldo el veredicto pronunciado por un jurado popular. La resolución establece una revisión de la condena a los 25 años.

La pena de prisión perpetua recayó sobre Jorge Ricardo Ortega, de 51 años de edad por haber dado muerte a su ex pareja, Mónica Graciela Benavídez, de 53 años el 22 de enero de 2018 en el domicilio de calle 83 N° 3070.

El máximo castigo que prevé la ley penal se conoció en la mañana de este martes por parte del juez Mario Juliano, quien ratificó el veredicto de un jurado popular que analizó el caso y declaró culpable de femicidio al transportista.

Tal vez porque presumía la dura sanción de la que finalmente fue destinatario, Ortega optó por no presenciar el momento en que se conoció el fallo.

La condena es por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre a una mujer, mediando violencia de género”.

Contrario a aplicar la pena de prisión perpetua, por considerarla inconstitucional y “una pena de muerte en vida”, Juliano avaló la decisión de los llamados “jueces del pueblo”. Y como sucedió con otro caso de femicidio, en este también dispuso una revisión de la sanción que impuso.

En ese sentido ordena que a los 25 años “se revise si continúa siendo útil, necesario y conveniente mantener al condenado privado de la libertad”.

El magistrado interpretó que ello “no es caprichoso”. A su criterio “es una medida proporcional a la gravedad del hecho y se encuentra en el límite superior de la escala penal prevista para el delito de homicidio, e incluso por encima del plazo que era necesario purgar en prisión para acceder a la libertad condicional en el Artículo 13 del Código Penal”

El juez dispuso que “dentro de 25 años otro juez o jueza deberá verificar el cual ha sido el desempeño del señor Ortega privado de la libertad, si esa privación ha sido suficiente a los fines constitucionales de las penas y si se encuentra en condiciones de de reintegrarse al medio libre”.

La mujer, que había sido pareja del condenado, murió ahorcada con una soga y horas después la policía detuvo al transportista en un domicilio de Quequén.

En la audiencia de cesura de juicio el fiscal Eduardo Núñez había solicitado la pena de prisión perpetua, resaltando la dedicación y entereza que tuvieron los 12 miembros del jurado popular.

En tanto, el defensor oficial Daniel Surgen solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, por considerar que es “una pena infinita”, entendiendo que el hecho debía calificarse como “homicidio agravado por el vínculo, con circunstancias extraordinarias de atenuación”.

Esta mañana los familiares y allegados a la víctima que expresaron su conformidad con el resultado alcanzado. “Mi hermana ahora podrá descansar en paz”, señaló Norma Alí en medio de llantos y evidenciando sentimientos de dolor y tristeza; con ella coincidieron dos hijos de Benavídez, quienes agradecieron el trabajo realizado por el fiscal Eduardo Núñez y puntualizaron que “Ortega debe podrirse en la cárcel”.