Durante diciembre, los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de la Seguridad Social cobrarán sus haberes con un aumento del 8,74%, el último de la gestión de Mauricio Macri.
Y ahora se sabe que, de acuerdo a la actual fórmula de movilidad, en marzo del año próximo el aumento debería ser del 11,56%. En total, esos aumentos comprenden a 18 millones de beneficios.
El interrogante que surge, a raíz de las declaraciones del Presidente Alberto Fernandez durante la campaña electoral, es si el nuevo Gobierno mantendrá esa fórmula, si impulsará alguna modificación de la ley previsional u otorgará antes un aumento de emergencia adicional a cuenta o no de ese aumento.
Además, la Corte Suprema deberá pronunciarse respecto a si la aplicación retroactiva de la fórmula de movilidad es inconstitucional, según el fallo de la Sala III de la Camara de la Seguridad (caso Miguel Fernández Pastor), y si su vigencia también lo es porque perjudicó a los jubilados, como reclama el demandante Fernández Pastor.
Una variante que impulsa el ex Ministro de Trabajo Carlos Tomada es reemplazar la actual fórmula por otra que tome en cuenta, alternativamente, la evolución de la inflación (IPC del INDEC) y el RIPTE (salarios de los trabajadores formales).
De ambos índices prevalecerá el que sea más favorable a los jubilados, con la condición de que el RIPTE sea consistente con la evolución de la recaudación del sistema de Seguridad Social. Si no cumple ese requisito, los haberes se ajustarían por la inflación.
La propuesta también modificaría los plazos para cobrar los aumentos: en lugar que la movilidad se aplique cada tres meses con un rezago de seis meses, se mantendría la suba trimestral pero en función de la variación del IPC o RIPTE de los dos meses anteriores.
En ese caso, en el primer aumento el empalme de ambas fórmulas deberá sumar el ajuste de la anterior fórmula y el primero de la nueva fórmula.
Mientras tanto, el nuevo incremento de las prestaciones que debería aplicarse en marzo –y que se conoce con más cuatro meses de anticipación– surge en un 30% de la evolución de los salarios formales según el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y del 70% de la inflación entre julio y septiembre pasados, según la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017, con retroactividad a septiembre de 2017.
Con el incremento del 8,74% en diciembre la jubilación mínima alcanzará los 14.068 pesos. Y en marzo a 15.694 pesos. En tanto, las pensiones no contributivas se reducen al 70% del haber mínimo y la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) al 80% de esos valores.
A su vez, la AUH (Asignación Universal por hijo), que en marzo tuvo un adelanto para todo 2019 del 46%, debería recibir en diciembre la diferencia entre el 51,1% y el 46% adelantado.
En estos cuatro años, con la anterior y la nueva fórmula de movilidad, la evolución real de las prestaciones fue la siguiente:
– En 2016, con una inflación del 40,7%, bajo la fórmula anterior, los haberes subieron el 31,7%: 10 puntos menos.
– En 2017, la movilidad arrojó un 28,5% contra una inflación del 24,8%; una mejora de 3,7 puntos.
– En 2018, ya con la nueva fórmula, la suba de los precios ascendió al 47,6%, y los haberes aumentaron el 28,5%: un retroceso de 19,1 puntos.
– En 2019, de punta a punta, los haberes subirán el 51,1%, con una inflación estimada de 55,6%, según consultoras y entidades privadas, que elevan sus pronósticos al Banco Central. Sería un retroceso de 4,5 puntos.
En resumen: a fin de 2019, las jubilaciones y demás prestaciones sociales tendrán una caída en términos reales del poco más del 20%, con relación a fines de 2015.
El resultado real del 11,56% de marzo dependerá de que pase con los precios en el primer trimestre del año próximo.