Los delincuentes operaban desde la cárcel. Hay damnificados de Necochea
La policía logró neutralizar el accionar de una banda delictiva que operaba desde la cárcel. La voz de alerta la dio una mujer, a la que le extrajeron $248.000 de su cuenta bancaria. Se descubrió que las estafas las hacían mediante el uso de llamadas telefónicas, efectuadas desde Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba.
Alguien que decía llamar ofreciendo el premio de una promoción de la empresa telefónica línea cero de dos celulares de alta gama (Samsung S10) y cincuenta mil pesos en efectivo. Asimismo, realizaban otros llamados por parte de un supuesto empleado contador de la Anses (que en realidad era un recluso del penal cordobés) les ofrecía a los destinatarios de las llamadas acceder a los $10.000 del Ingreso Federal de Emergencia (IFE).
Para eso, les decía que tenía una orden de pago de aquel monto paliativo del desfase económico-financiero provocado por la pandemia del coronavirus. Para «verificar los datos», les pedían el nombre completo y el número de documento. La estafa estaba en marcha.
Una vez convencida la víctima, en ambos casos, la hacían ir al cajero automático con la tarjeta de débito; a través de una nueva llamada telefónica le indicaban que debía hacer algunas «operaciones adicionales», como cambiar la clave de home banking y obtener la clave token. Con esos datos en su poder, el estafador tomaba pleno control de las cuentas y las vaciaba. Hacían transferencias a otras cuentas (abiertas a nombre de personas indigentes) y también realizaban solicitudes de préstamos, con lo que, además de perder sus ahorros, las víctimas quedaban con una deuda.
Un alto Jefe policial detalló la mecánica de la estafa virtual: «Llamaban al azar, informándole a la gente que habían ganado un premio de una promoción o habían sido acreedores del IFE. Los hacían ir hasta un cajero automático, les hacían ingresar sus datos personales, incluso las contraseñas, y por medio de sus CBU les vaciaban las cuentas y les hacían tomar préstamos personales de hasta $300.000».
Todas las llamadas salían del complejo carcelario Adjutor Andrés Abregú, de Cruz del Eje. El juez de Control y de Faltas Nº 10 de Córdoba, ordenó un allanamiento en una de las causas que su par de Necochea Dra. Aida Lhez encomendó realizar mediante exhorto en una finca ubicada en el barrio Azalais, en calle Mariano Benitez al 1800 provincia de Córdoba, donde vivía el destinatario de las transferencias de usuario de la línea de teléfono utilizada para concretar la maniobra fraudulenta.
Una de las organizaciones estaba integrada por dos presos y un cómplice fuera de los muros del penal -mujeres y hombres con nexos directos con esos reclusos- quienes se encargaban de retirar de los cajeros automáticos el dinero de las víctimas.
Los investigadores entienden que esos cómplices serían quienes ingresaban de forma clandestina en la cárcel los celulares, chips y cargadores con los que, desde sus celdas, los internos que participaban de la estafa pudieron hacer las llamadas a las víctimas.
Para la Justicia, al menos tres personas integraban una banda; y en otra dos, se analizan imputaciones por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas. Una mujer era siempre el titular de una cuenta corriente en la que le depositaban dinero.
Las autoridades advirtieron sobre la vigencia de los casos de ciberdelitos. La anormal situación colectiva originada por la pandemia del coronavirus Covid -19 se volvió un terreno ideal para los estafadores virtuales. Y en muchas ocasiones se aprovechó el trámite para recibir la ayuda oficial como herramienta para esos delitos.
En abril pasado, por ejemplo, se conoció en San Nicolás un episodio de similares características al utilizado por la red que operaba desde la cárcel de Cruz del Eje. En esa ocasión, una familia había perdido $1.500.000 que guardaba en su cuenta bancaria tras recibir una indemnización. El damnificado recibió entonces una llamada de un estafador que se hizo pasar por empleado de la Anses para gestionar la