El Concejo Deliberante, en su conjunto, elaboró un proyecto de ordenanza declarando a través del mismo la emergencia pública en materia alimentaria para el distrito de Necochea hasta el 31 de diciembre próximo.
A partir de su entrada en vigencia, de acuerdo a lo que es establece, el Estado municipal “debe adoptar las medidas necesarias con el objeto de morigerar el impacto que tiene la situación económica en la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que requieran de asistencia a tales fines”.
La iniciativa contempla, además, la creación de un consejo consultivo, cuyas funciones serán el asesoramiento, seguimiento de la ejecución y monitoreo de la gestión.
Dicho consejo consultivo sería integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas de Género, el secretario de Salud, un representante por organización y/o movimiento social con trabajo territorial y un concejal por cada bloque del cuerpo deliberativo.
A través del artículo 2º se encomienda al Departamento Ejecutivo que “garantice los requisitos nutricionales de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad que presenten estado de desnutrición y/o mal nutrición”.
El artículo siguiente dispone que se encomiende al Departamento Ejecutivo que, junto a movimientos sociales, elabore mensualmente “un diagnóstico de la situación nutricional de niños y adolescentes de 0 a 14 años en el Partido de Necochea mediante relevamiento de indicadores antropométricos”.
Asimismo, a través del artículo 4º, se encomienda al Departamento Ejecutivo que fortalezca la asistencia económica y/o alimentaria de manera directa a los comedores y/o merenderos locales.
Se dispone, además, que la Secretaría de Desarrollo Humano gestione ante las autoridades nacionales el refuerzo de partidas de leche, a fin de garantizar la suficiencia y entrega de la misma.
También se deberán crear programas alimentarios que refuercen la incorporación de nutrientes a fin de revertir las situaciones deficitarias más agudas detectadas entre los niños y adolescentes, en articulación con los diferentes actores sociales.
Por otra parte, se faculta al Departamento Ejecutivo a que adecue partidas presupuestarias a fin de atender las necesidades básicas de personas carecientes.
También se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar contrataciones directas de bienes orientados a atender las necesidades básicas de la población mientras dure la emergencia alimentaria.
Al fundamentarse esta iniciativa se da cuenta de “la alarmante situación de vulnerabilidad de miles de vecinos de nuestro distrito que se encuentran debajo de la línea de pobreza o en estado de indigencia que requiere la inmediata y urgente adopción de medidas por parte del Estado, que tiendan a garantizar el derecho humano y básico de alimentación adecuada y suficiente mediante la correspondiente asistencia”.
En los considerandos se citan la Declaración Universal de Derechos Humanos, disposiciones de la Cumbre Mundial de Alimentación organizada por la FAO y mediciones del INDEC, siempre con referencia a la necesidad de garantizar el acceso a la alimentación de todas las personas.