La declaración del estado de emergencia del servicio del transporte público de pasajeros, solicitada por el Departamento Ejecutivo a través de un proyecto de ordenanza, no será tratada en la sesión ordinaria del cuerpo deliberativo a realizarse mañana por la tarde.

Así lo ratificó el presidente del Concejo Deliberante, Ernesto Mancino, al término de la reunión de labor parlamentaria llevada a cabo esta mañana, donde se decidió entre los presidentes de bloques los temas que formarán parte del día y cuáles tendrán tratamiento en la sala.

El pedido de intervención del Entur, promovido por el bloque Compromiso y Trabajo por Necochea, será uno de los expedientes a abordarse en la sesión ordinaria.

La comisión de labor parlamentaria tuvo momentos de alto voltaje esta mañana, al analizarse dos períodos de excepción para la instalación de supermercados en la Avenida 91. Pero finalmente no hubo acuerdo al respecto, quedando pendiente una determinación al respecto, de modo que no formarán parte tampoco el orden del día de mañana.

El pedido de emergencia del transporte urbano de pasajeros presentado por el Departamento Ejecutivo está basado en las consecuencias que tendría para el usuario el recorte de subsidios que el Estado nacional otorgaba a las empresas del sector.

La iniciativa prevé, también, que hasta fines de 2019 quede sin efecto el artículo 12 del contrato de concesión del servicio, mediante el cual se dispone que sea el Concejo Deliberante el encargado de fijar el valor de los boletos de micros.

La concesión del servicio incluye tanto a la Compañía de Transportes Necochea S.A.  como a Micro Ómnibus Nueva Pompeya S.R.L.

El proyecto ni siquiera ha tenido tratamiento en la comisión de transporte del Concejo Deliberante, según reveló Mancino a TSN.

La presentación de la iniciativa se fundamenta, según lo apuntado en el proyecto, en que el servicio de   “atraviesa una fuerte crisis y la situación actual impide a las empresas afrontar los mayores costos que resultan del reconocimiento a los trabajadores, de incrementos en sus remuneraciones y de los gastos que deben realizar para mantener el servicio en las condiciones exigidas, obligando ello a trasladar ese aumento del costo operativo al usuario”.

Según se subraya en los considerandos de la iniciativa, en las condiciones actuales  se hace inviable la actividad, con lo cual se estaría condenando al quebranto a un servicio público esencial y se vería comprometida la fuente de trabajo de numerosas familias”.