El expresidente de Perú, Alan García, murió a los 69 tras pegarse un tiro en la cabeza para evitar su detención, según informó la prensa de ese país. Horas antes, la Justicia había ordenado prisión preventiva para el exmandatario en el marco de una investigación por el caso Odebrecht.
García había sido trasladado de emergencia este miércoles en estado “crítico” después de dispararse en el interior de su casa cuando la policía fue a arrestarlo.
La ministra de Salud, Zulema Tomás, precisó que el exmadatario sufrió tres paros cardíacos mientras estuvo en el quirófano. “Ha hecho tres paros cardíacos. La situación es grave”, alertó en ese momento la funcionaria.
El momento de la detención
García, expresidente de Perú entre 1985-90 y 2006-2011, fue acorralado por los agentes en su vivienda del limeño distrito residencial de Miraflores hacia las 6.30, hora local.
Según el ministro del Interior, Carlos Morán, “previa identificación, los agentes ingresaron al interior del inmueble. El equipo comunicó al señor García, que se encontraba en unas escaleras que dan al segundo piso de la casa, sobre la ejecución de esta medida judicial”.
“El expresidente indicó de que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta tras de él. A los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego. La Policía forzó el ingreso, encontró al señor García en posición de sentado y con una herida de cabeza”, añadió.
Del pedido de asilo a una bala en la cabeza
Antes de emitirse la orden de detención, García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en clara alusión al frustrado asilo que pidió a Uruguay en diciembre. La justicia dictó en ese mes 18 meses de impedimento de salida del país.
El exmandatario permaneció durante 16 días en la embajada uruguaya, donde solicitó asilo “ante la inminencia de una orden de detención”. El pedido fue rechazado por el gobierno de Uruguay tras revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante.
La detención ordenada a García era por 10 días y buscaba, según la fiscalía, recoger nuevos elementos en la investigación ante un eventual riesgo de fuga.
A fines de 2018 Alan García, tras abandonar la embajada uruguaya, dijo que estaba a disposición de la fiscalía de lavado de activos que lo investiga por corrupción.
García insistía en que era inocente. “No existe ninguna prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras”, aseguró semanas atrás.