El Gobierno y la Unidad de Información Financiera (UIF) analizan el movimiento de fondos en la Argentina de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, cuyos fondos en Estados Unidos (unos U$S 7000 millones) fueron bloqueados por la administración de Donald Trump.
“Con la UIF estamos analizando cuáles son las posibilidades de seguimiento de las actividades de Pdvsa en Argentina, y cuáles son las medidas que puede adoptar el gobierno argentino”, afirmó el canciller Jorge Faurie.
Faurie dejó en claro que los movimientos actuales de fondos de Pdvsa en el país son “muy acotados” y se reducen hoy a una decena de estaciones de servicio, pero desde el Gobierno ponen bajo la lupa a la empresa, que tuvo una gran actividad comercial en el país durante el kirchnerismo.
La semana pasada, y en línea con el endurecimiento de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro acordado por el Presidente con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia, la UIF emitió un alerta a bancos, financieras, casas de cambio y demás instituciones consideradas “sujetos obligados” y les advirtió sobre “los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo” que hoy gobierna Venezuela, una gestión que el gobierno argentino no reconoce.
En el listado de personas físicas y jurídicas no figuraba Pdvsa, pero desde la Casa Rosada aclararon que desde hace dos años la UIF estudia las operaciones de la petrolera estatal venezolana en el país. “Se está estudiando de manera especial la situación de Pdvsa”, afirmaron diferentes agencias del Gobierno.
En aquella circular, remitida a las entidades y personas (se incluyen casinos, concesionarias de autos, barcos o aviones, escribanías, contadores), la entidad que preside Mariano Federici había alertado sobre la “verdadera vocación cleptócrata (de Maduro), que ha llevado a los mismos a cooptar el poder para seguir explotando a la población y los recursos naturales de Venezuela con la finalidad principal de continuar enriqueciéndose ilegalmente a título personal”.
“Bajo las premisas expuestas, [se aconseja] se tengan presentes los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública o empresa de propiedad, o bajo el control, del Estado Venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional”, concluye la misiva, que llegó a unas 150.000 instituciones o individuos considerados sujetos obligados.