Por octava vez y a 12 años de su creación, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito vuelve a presentar mañana martes su proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados, con las firmas de legisladores de todo el arco político.

En simultáneo se realizará un “pañuelazo” federal en más de cien ciudades del país y en las principales capitales del mundo. Necochea no será ajena a esta movilización y con la organización de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito convocan a un encuentro en la esquina de 59 y 64, a partir de las 17 para hacer 17:30 un pañuelazo simultáneo en todo el país.

Más tarde habrá música en vivo, danza, micrófono abierto y, según se anuncia, una gran fogata para “que arda”.

Mientras tanto, desde las 15.30 se desarrollarán distintas actividades en los alrededores del Congreso, entre talleres y feria militante.

A las 17.30, mientras en el Anexo C de la Cámara baja se anuncie en conferencia de prensa la nueva presentación, se realizarán múltiples concentraciones con los pañuelos verdes. El texto, despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.

Se le incorporaron algunas modificaciones en relación al presentado un año atrás, en función del debate parlamentario y las discusiones territoriales que se dieron en las distintas regionales que componen la Campaña.

 

Incluye un capítulo especial donde reafirma la obligación del Estado en relación a la aplicación de la educación sexual integral y prevé “asesorías” para las mujeres o persona gestantes que así lo requieran, donde recibirán información, acompañamiento y métodos anticonceptivos.

Por otra parte, fija penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. Y eleva hasta 5 años la pena de prisión si resultara la muerte de la mujer o persona gestante.