El fiscal Santiago Eyherabide ha presentado un nuevo revés para los proyectos de exploración y explotación offshore en Argentina. En una causa judicial que ya lleva más de dos años, Eyherabide ahora plantea dudas sobre las regalías petroleras ya definidas y solicita la suspensión de las concesiones que fueron aprobadas en el año 2019.
Ahora la fiscalía plantea dudas por las regalías petroleras y pretende frenar los proyectos offshore. Pidieron suspender las concesiones que fueron aprobadas en el año 2019 por encontrar contradicciones.
El fiscal Santiago Eyherabide ahora plantea dudas sobre las regalías ya definidas y marcó contradicciones entre la justificación económica de los proyectos y la disminución de los ingresos para el Estado Nacional.
Finalizando el 2023, más puntualmente el 28 de diciembre, el juez federal Santiago Martín, entendió que no se acreditaron de modo fehaciente los argumentos expuestos como lo es la afectación que podría provocar un cambio de fecha aprobado para realizar las tareas exploratorias y la existencia de irregularidades en el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) que generó la empresa Equinor, ordenándole al Estado nacional que presente nuevos informes sobre la actividad a llevarse a cabo.
La causa judicial es una sola, donde están incluidos todos los amparos que fueron presentados desde el 30 de diciembre de 2021, horas después de conocida la noticia que el gobierno nacional presidido por Alberto Fernández autorizara la exploración y posterior explotación offshore.
Reiniciadas las actividades en los tribunales, luego del clásico período ferial de enero, el juez Martín rechazó el recurso que habían presentado las distintas organizaciones ambientalistas para que no se llevar a cabo el proyecto, haciendo que las presentaciones tengan que llegar nuevamente a la Cámara Federal de Apelaciones, la que ahora deberá expedirse al respecto.
Las ideas y vueltas de la causa, que ya han retrasado en más de dos años las actividades de la exploración offshore, donde además el fiscal Eyherabide solicitó se tenga presente la “urgencia que reviste la suspensión del proyecto Argerich-1” tal como dice la causa, pidiendo también que se revoque la decisión del juez Martín y se haga lugar a la medida cautelar pedida.
A todas luces parece un gran dislate que va más allá de esta última acción, ya que el pedido de la fiscalía incluye la suspensión del proyecto de perforación del pozo mencionado y abarca el que ya se encuentra en marcha en el CAN-100, más todo lo que se viene realizando al respecto desde el año 2019.
Esta acción está basada en el primero de los amparos interpuestos por la organización ambientalista “Greenpeace” contra las exploraciones en los CAN 100, 108 y 114, de las cuales las dos primeras ya se hicieron y está en curso la última quedando no más de 15 días para su finalización.
También se objetó al propio juez Martín, por no haber tomado en cuenta a la hora de expedirse sobre la cautelar, ya que el magistrado no habría enfocado su visión legal sobre las regalías, situación que también fue observada por el fiscal.