“La cesárea se hizo, nació una niña viva que no necesitó reanimación y está en neonatología; ambas están bien”, explicó a la prensael ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, en relación a la dramática situación que atraviesa una nena de sólo 12 años, que quedó embarazada tras una violación, y que debió esperar nada menos que hasta el sexto mes de gestación para que se cumpliera su derecho a interrumpir ese embarazo.
Bouhid, que hasta el momento nucleó toda la información sobre la situación de la nena, así como las idas y vueltas en la Justicia por al menos dos habeas corpus presentados este jueves de parte de sectores “pro vida” (que se oponían a la interrupción del embarazo), explicó que “a partir de ahora los partes médicos los dará el hospital Materno Infantil, no ya nosotros desde el Ministerio de Salud”.
Los dichos del ministro habían generado un revuelo mediático este jueves, cuando dejó claro que la intención en la interrupción de este embarazo era “salvar las dos vidas”.
Los dichos llamaron la atención porque horas antes, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se había referido al tema y había “prometido” que se garantizaría el derecho de la niña a interrumpir el embarazo, producto de una violación, en la localidad jujeña de San Pedro. Pero no había dicho nada sobre la posibilidad de sobrevida del bebé.
Según aclaró Bouhid a la prensa, “la madre de la niña estaba al tanto de esto e incluso firmó un consentimiento informado de que, terminada la cesárea, se procedería para generar maduración pulmonar en el bebé“.
La discusión tiene varios ribetes que enfrentan distintos sectores. El protocolo jujeño sobre el aborto no punible contempla realizarlo hasta la semana 22. Cuando la niña y su madre solicitaron por escrito la interrupción del embarazo, el fiscal que llevó la causa ordenó proceder en esa dirección. Pero las autoridades de Salud verificaron que el embarazo tenía una gestación de 23,5 semanas, con lo que quedaba “fuera de protocolo”.
Según Bouhid, esto les representó un conflicto ético: “Le preguntamos al fiscal cómo proceder y él no respondió, con lo que la pelota quedó del lado del Ministerio. Viendo el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, la orden de ‘proceder’ a interrumpir el embarazo es muy clara, pero ahí no se aclara qué hacer si la edad gestacional del feto es muy avanzada. Había un vacío legal. Y, a la vez, legalmente el Ministerio tenía que tomar una decisión”.
En las últimas horas y en respuesta al ministro, el titular de la Fiscalía 11, José Alfredo Blanco, aseguró al diario El Tribuno que no ordenó interrumpir el embarazo: “El trabajo del fiscal no es decidir sobre la vida o la muerte de nadie; el trabajo es perseguir penalmente a los supuestos autores de ilícitos, recabar las pruebas y mandarlos a juicio”.
Las preguntas vienen desde todos los flancos. En primer lugar, por qué no se hizo la interrupción del embarazo mucho antes, situación que incrementó el riesgo de la niña (violada por un hombre de 60 años) en todos los sentidos posibles.
Como adelantó la prensa, la nena había hecho hace tres meses una consulta en la salita sanitaria de su localidad, por un supuesto “dolor de panza”. Al respecto, Bouhid explicó que “nadie se imaginó que podría estar embarazada… no pensás eso cuando un chico de 12 años dice que le duele la panza”.
Sus dichos despertaron polémica: Jujuy es una de las provincias con índices de embarazo infantil y adolescente más altos del país. La niña, como suele ocurrir en estos casos, ocultó el abuso sexual que sufrió, hasta que las circunstancias la obligaron a realizar una segunda consulta clínica, por más molestias, el 11 de enero, cuando finalmente se realizó la primera ecografía.
Desde los sectores “pro vida” la pregunta que se hacen es la contraria, y pone el foco en el bebé: por qué no se esperó más para hacer la cesárea. Bouhid, al respecto, respondió: “Hay que pensar en la nena de 12 años. Estaba en su derecho y además el informe psicológico y del servicio social era contundente. Había riesgo psicológico aumentado para la paciente”.
Este mediodía, el Hospital Materno Infantil de la capital Jujeña emitirá un comunicado sobre la salud de la nena y la recién nacida. El protocolo provincial, explicó el ministro, prevé que la beba sea dada en adopción. Tendrá que intervenir la Justicia.