El empresario continuará en la cárcel de Ezeiza, luego que por orden de Casación Penal se le otorgó el arresto domiciliario en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado.
El detenido empresario Lázaro Báez será trasladado a un nuevo domicilio para cumplir con la prisión domiciliaria concedida por la Justicia, luego de los incidentes que el lunes por la noche le impidieron su ingreso a un barrio privado de Pilar.
Así se acordó en una audiencia virtual concretada este martes entre su defensa y el Tribunal Oral Federal 4, que dispondrá el traslado una vez que se comprueben las condiciones en que quedará alojado con prisión domiciliaria en el nuevo lugar que aportará su defensa, explicaron fuentes judiciales.
En la audiencia los abogados explicaron que aportarán la nueva ubicación para que Báez cumpla el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Hasta que esto se concrete y se comprueben las condiciones de este nuevo lugar, Báez seguirá en la cárcel de Ezeiza, luego que por orden de la Cámara Federal de Casación se le otorgó el arresto domiciliario.
El lunes, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó a Báez el arresto domiciliario en una de las tres causas por lavado de dinero en la que es investigado. El Tribunal Oral 4 aceptó esta decisión y resolvió su traslado al barrio privado Ayres de Pilar, pero vecinos impidieron el ingreso del móvil del Servicio Penitenciario Federal y Báez volvió al penal de Ezeiza.
El TOF 4 -que lo enjuicia por las maniobras llevadas a cabo en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, afirmó que Báez podía salir de Ezeiza sin necesidad de cumplir con la caución que le habían fijado en 386 millones de pesos.
El empresario estaba alojado en Ezeiza desde abril de 2016 y la decisión judicial de permitirle el acceso al arresto domiciliario tuvo que ver con que se vencieron los plazos de la prisión preventiva para lo cual hay un tiempo máximo legal de 3 años, sumado a que no tiene ninguna condena por el momento.
Semanas atrás, el fiscal Abel Córdova pidió para el empresario una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero, en el marco de la causa conocida como “La ruta del dinero K”, aunque en las otras dos causas todavía no tiene fecha de inicio del juicio.