Según la asociación civil, el Poder Ejecutivo reconoció la autonomía de ese sector etario para administrar por sí mismos la prestación que el Estado destina para garantizar su alimentación y educación, a través del Decreto 840/20.
Por lo cual, iniciaron la medida judicial con el fin de que la ANSES implemente “de manera urgente” el sistema para que los adolescentes cobren su propia asignación.
“El requisito de conformidad parental evidencia que las políticas de transferencias de ingresos mantienen una fuerte lógica adultocéntrica. El requisito anula a las y los adolescentes como sujetos de derecho con capacidad progresiva, es inconsistente con el ordenamiento jurídico argentino, que habilita a adolescentes de esta edad a votar o hacerse intervenciones complejas de salud, y es incongruente con las prácticas de ANSES que, por ejemplo, ya transfiere a adolescentes sus Becas Progresar”, sostienen.
En consecuencia, ACIJ interpuso una acción de amparo con alcance colectivo “solicitando que se declare inconstitucional el requisito y que ANSES implemente un mecanismo expedito, sencillo y accesible para la realización de cambios de titularidad de la AUH en favor de adolescentes de 16 y 17 años”.