En los próximos días, los diputados estarán tratando la llamada Ley Ómnibus del presidente Javier Mieli. Uno de los tantos puntos del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” es la modificación de la Ley 26.657 de “Derecho a la Protección de la Salud Mental”.
Mirá la nota:
La reforma a esta normativa, entre otros puntos, habilita a los jueces a facilitar la internación de personas con alguna afección de este tipo, y elimina la prohibición de crear nuevos “manicomios” así como la participación de organismos especializados y asociaciones civiles en el órgano de revisión.
TsnNecochea consultó sobre el tema a la psicóloga Graciela Gil, ex presidenta del Colegio y Psicólogos de Necochea y ex docente de la UBA, para conocer la opinión de los profesionales y, fundamentalmente, el por qué de estas modificaciones de impulsa el gobierno sobre una ley que fue sancionada en el año 2010.
La licenciada explicó que, actualmente, uno de los ejes importantes de la ley es la defensa y protección de los derechos humanos.
“La ley actual tiene como idea que en un hospital general se pueda atender una situación de crisis para cuidar la salud mental o cualquier adicción que tenga una persona, pero como una cuestión transitoria” explicó, aclarando que con los cambios propuestos por el gobierno “al haber internaciones mas largas, hay beneficios para los privados; incluso las reformas permiten crear nuevos monovalentes, que son lo que nosotros llamamos manicomios”.
En ese contexto, aclaró que la idea del proyecto, “es beneficiar a privados y también a los laboratorios a partir de la venta de más medicación”.
La tutela vuelve a manos del juez:
Por otro lado, otra de las reformas es que la tutela vuelve a manos del juez y de los médicos, algo que, en su opinión vacía de sentido a la ley que está en vigencia.
“Actualmente el destino del tratamientos está en manos de un equipo interdisciplinario donde, además, también intervienen los mismos usuarios y las familias; ahora eso se da vuelta de manera sutil pero dice que primero lo tiene que dictaminar un juez; algo que resulta tramposo porque sabemos que el juez dictamina la internación pero lo que pueda decir después un equipo interdisciplinario tiene menor peso y se corre a un papel secundario, al igual que el usuario, que actualmente tiene que estar de acuerdo y firmar un consentimiento poder quedar internado” detalló la psicóloga.
Para Graciela Gil, con estas modificaciones “volvemos a un discurso médico hegemónico y a la tutela del juez que se había derogado ya en algunas leyes como, por ejemplo, en la de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes donde la palabra del sujeto, del niño, tiene un valor”.
La Ley de Salud Mental fue una lucha de muchos años
El debate de la ley actual de Salud Mental llevó tres años, aunque ya desde la década del 70, los profesionales empezaron a impulsar la necesidad de cambios en base a lecturas de la psiquiatría y en contra de la medicalizar tanto a los pacientes.
“Desde esa época estamos trabajando para tener al sujeto, que ahora llamamos usuario de los servicios de salud mental, como sujeto de derecho” puntualizó.
“La ley propone que el sujeto sea incorporado rápidamente a la comunidad, que la comunidad le de trabajo, lo aloje, que pueda tener recreación y protección, al contrario de lo que hace el manicomio que es sacarlo de la comunidad, como se pensaba antes que era esconder al paciente” detalló.
Por qué la urgencia del gobierno
Las reformas a la ley de salud Mental están dentro del paquete de Ley Ómnibus que el gobierno considera urgentes para su gestión. La pregunta es, por qué el apuro en un tema que es sensible a la salud y la sociedad.
“Nosotros estamos en contra de cualquier modificación porque todo el articulado estuvo muy trabajado” enfatizó la licenciada y opinó que la urgencia es para que los laboratorios se aseguren que pueden vender la medicación, desde claro un aspecto económico.
En el mismo sentido, da la libertad para poder crear hospitales monovalentes y dejar de lado la revisión que garantizaba todos los derechos y procedimientos de la ley.
“La revisión estaba constituida por organismos del estado, de derechos humanos, el ministerio público del estado, organismos no gubernamentales y la mayoría de las secretarias de salud; el estado estaba muy presenta para garantizar que la ley se cumpla” señaló, considerando que “lo que se pretende es sacar este órgano de revisión y poner, como dice el proyecto “algunos profesionales” que no se sabe quiénes serán, por lo que queda de manifiesto que el estado se corre de ese compromiso”.
Licenciada Graciela Gil – Psicóloga – M.P.PS: Dist IX N° 40014 – M.N. 3039