Días pasados recuperó la libertad el individuo que fue apresado con más de un kilo de marihuana compactada en un control policial sobre la Ruta Provincial 86.
La decisión fue adoptada por el titular del Juez Federal de Necochea y alcanza a Lautaro Román Fernández, de 36 años de edad.
El último martes 8 de octubre personal del Comando de Patrulla Rural realizaba un operativo vehicular en la mencionada carretera, a la altura del cruce de Juan N Fernández.
Los policías interceptaron un camión térmico que transportaba lácteos perteneciente a un firma de la ciudad de Bolívar en el que viajaban tres personas; una de ellas resultó ser Fernández que se integró a los choferes cuando “hacía dedo” en la Ruta 88.
En la pesada unidad se halló un bolso de color negro que contenía una biblia y dos “ladrillos” de marihuana envueltos en cintas adhesivas. La sustancia prohibida secuestrada alcanzó un pesaje de 1 kilo, 95 gramos y se iniciaron actuaciones por el delito de “traslado ilegal de estupefacientes”.
En su momento el acusado declaró su adicción a la drogas, tanto marihuana como ocasionalmente cocaína desde un prolongado tiempo, resaltando que nunca se dedicó a la venta de estupefacientes.
Fernández admitió haber adquirido ese volumen de marihuana en Mar del Plata (aportó el lugar en que lo hizo) por una cuestión de ahorro económico.
El Juez Federal Bernardo Bibel analizó las pruebas reunidas por los investigadores y en base a ello dispuso el cambio de calificación de la causa por el delito de “tenencia ilegal de estupefacientes”.
El magistrado sostuvo que no existieron tareas de inteligencia y pruebas anteriores por parte de la policía, que lleven a considerar que el imputado se encontraba comercializando dicha sustancia.
En esta etapa de instrucción dispuso el procesamiento de Lautaro Fernández por el cargo mencionado sin el dictado de prisión preventiva. En la misma resolución el titular del Juzgado Federal ordenó un embargo preventivo de los bienes del procesado por una suma de $20.000 (veinte mil pesos).
Según se supo, entre otras medidas pendientes se debe realizar una pericia en el aparato de telefonía celular incautado al acusado con el objeto de determinar si surgen novedades de importancia para la continuidad de la investigación.