En Quequén, el 29 de junio de 1892, una madre, Francisca Rojas, aparece con un corte en la garganta, su hijo e hija han sido degollados. Ella acusa a su vecino, Pedro.
“Oficial urgente: Haga todo lo posible aun cuando no lo juzgue necesario, por obtener los rastros de las impresiones digitales dejadas por el criminal y traiga las muestras. G. J. Nunes” Era el telegrama que llegaba a las manos del comisario inspector Eduardo Álvarez en La Plata, una fría mañana de junio 1892.
Con la ayuda del argentino de origen croata Juan Vucetich, Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -quien fue un pionero mundial en la materia-, se determinó que tales huellas dactilares no pertenecían a Pedro, sino a la propia Francisca. Una vez confrontada con dicha irrefutable prueba, Rojas terminó confesando haber asesinado a sus dos hijos.
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Usualmente se considera que Rojas fue la primera persona condenada a nivel mundial basándose en la prueba o evidencia criminalística otorgada por sus propias huellas dactilares.
Con información del área de museos