Tras haber incautado el jueves último una importante suma de dinero de una caja de seguridad de Roberto Porcaro en la sucursal Necochea centro del Banco Nación, el juez federal Bernardo Bibel continúa avanzando en la investigación por el delito de “cohecho y tráfico de influencias”, que se le imputa al operador político kirchnerista.
La investigación se vincula con el pago de una “coima” que presuntamente recibió Porcaro, por haber intercedido para que se adjudicara un predio de Puerto Quequén para la instalación de una terminal.
El caso llevado adelante por el juez Bibel, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, cuenta con la intervención del fiscal federal marplatense Nicolás Czisik, siendo una de las causas vinculadas con la llamada “ruta del dinero K”, por la que se investiga al empresario Lázaro Baez, quien se halla detenido desde el 15 de abril de 2016 por lavado de dinero.
De la causa surge que Bibel contaría con “motivos de sospecha suficientes como para presumir que 12 personas habrían participado en el hecho mediante el cual se otorgó el día 14 de febrero de 2013 la concesión en forma directa de un espacio en el puerto de Quequén, para la construcción de un elevador de granos por el plazo de 35 años”.
Al respecto se añade que la concesión se otorgó “sin proceso licitatorio alguno”, e “incumpliendo requisitos previstos por el reglamento” del consorcio portuario para contratar en forma directa a una sociedad anónima que se denominó Sitio 0 de Quequén”. El ente portuario en ese entonces tenía como presidente a José Luis De Gregorio.
En la causa se menciona, precisamente, al titular del consorcio portuario, señalando que tanto él como “varios de sus integrantes obraron sin transparencia e interesándose particularmente en un negocio para beneficio de particulares”.
Se subraya, seguidamente, que “la persona que ejercía el rol del presidente del consorcio portuario se habría interesado indebidamente en el beneficio a través del mentado negocio encarado por los particulares, que luego resultaron favorecidos con el otorgamiento indebido de la obra en el área portuaria de dominio estatal traficando influencias”.
En la causa a cargo del juez Bibel se hace mención a “una persona de sexo masculino, que obtuvo un beneficio patrimonial compensatorio mediante una operación bursátil superior a los 70.000 dólares, en la que obró como agente de bolsa la firma Financial Net S.A. Ello habría acontecido el 27 de diciembre de 2012 mediante una operación bursátil de compra y venta intradiaria, que involucró 1.000.000 de bonos que tenía en su poder la denominada empresa Financial Net S.A. , transfiriéndose los mismos a la cuenta Nº 695/1251 de titularidad conjunta de Roberto Florentino Porcaro y su cónyuge Patricia Sirvente”.
SUPUESTO FRAUDE
También se señala que “los integrantes del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén intervinientes en el acto licitatorio privado, contrario a los intereses del Estado -mediando influencias indebidas-, a través de dicho proceder, habrían cometido fraude contra la administración pública y malversación
de caudales públicos al concesionar el uso de recursos públicos en forma directa, eludiendo la posibilidad de que se concretarán mejores ofertas para el uso de dicho espacio público a través de un proceso licitatorio previo que no se registra intentado y /o fracasado”.
ORIGENES DE LA CAUSA
La mayoría de estas conclusiones surgen del avance de la investigación de la causa que lleva el número 3017/17 que se tramita ante el Juzgado Federal a cargo del Dr. Sebastián Casanello, permitiendo que se formulen las imputaciones.
Estas actuaciones tuvieron su origen en la denuncia efectuada por el fiscal José María Campagnoli, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 42, en el marco de la causa número 26131/2013 caratulada “Báez, Lázaro y otros s/extorsión”.
En ese marco se investiga el pago un millón de dólares que habría recibido Roberto Porcaro en Bonar VII, bonos del gobierno nacional, como contraprestación por sus gestiones para que el 14 de febrero de 2013 el consorcio portuario adjudicara de manera directa a un consorcio de sociedades privadas la construcción de la terminal de granos por valor de U$S 60.000.000 y su explotación como concesionario por el término de 35 años, prorrogables por diez más.
PROXIMOS PASOS De la forma en que se ha ido llevando adelante la causa, se estaría en condiciones de convocar a los imputados para que presten declaración indagatoria. Posteriormente el juez debería determinar si la causa se eleva a juicio. Las personas vinculadas con esta causa ya tienen conocimiento de ello: ya fueron notificadas de estos pasos.