Con el objetivo de profundizar el control de sus espacios marítimos, el Gobierno Nacional oficializó la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. La norma, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece por primera vez criterios objetivos y uniformes para detectar de forma temprana actividades de pesca ilegal realizadas por flotas extranjeras en aguas argentinas.
Tecnología de vanguardia al servicio de la soberanía
Este avance normativo respalda la labor de la Prefectura Naval Argentina, que utiliza el sofisticado Sistema Guardacostas. Esta plataforma permite gestionar en tiempo real datos técnicos y movimientos de embarcaciones a nivel global, centralizando la información para una vigilancia más eficiente.
Gracias a este sistema, la Prefectura ha perfeccionado un procedimiento de:
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Detección electrónica: Monitoreo constante de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
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Análisis de patrones: Identificación de maniobras que delatan la actividad pesquera por encima de la simple navegación.
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Custodia de pruebas: Recolección de evidencia digital sólida para sustentar procesos sancionatorios.
Un marco legal más claro
Uno de los puntos clave de la nueva normativa es su capacidad para discriminar entre el derecho internacional de libre navegación y la pesca ilícita. De esta manera, el Estado argentino puede intervenir con mayor seguridad jurídica, defendiendo los recursos naturales y los intereses nacionales frente a las flotas de “aguas distantes” que operan en la alta mar.
Con esta medida, Argentina no solo optimiza el seguimiento de los buques, sino que se posiciona como un referente internacional en la generación de buenas prácticas jurídicas y operativas para la preservación de los ecosistemas marinos.
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