La jueza federal María Servini sobreseyó hoy a Máximo Kirchner, Eduardo de Pedro y Andrés Larroque, entre otros, en una investigación por supuestos delitos electorales derivada de la causa por los “cuadernos de la corrupción”.
La magistrada archivó la causa y sobreseyó a todos los imputados. “La falta de requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal conlleva indefectiblemente al archivo de las presentes actuaciones por no poder proceder”, concluyó Servini.
La decisión se tomó sobre Máximo Kirchner, De Pedro, Ottavis, Larroque, Julián Alvarez, el empresario de medios Sergio Szpolski y los ex intendentes de Vicente López Enrique García y de San Martín Ricardo Ivoskus.
Servini hizo “expresa mención de que el proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los imputados”.
La magistrada resolvió así a raíz de un planteo hecho por el fiscal del caso, Jorge Di Lello, quien el mes pasado dictaminó por sobreseer a todos los imputados en esta causa que se abrió como una derivación de los cuadernos del remisero Oscar Centeno vinculada al financiamiento electoral.
Servini intervino como jueza federal con competencia electoral y concluyó que ante la falta de acusación fiscal no puede avanzar en la investigación.
En su dictamen el fiscal cuestionó la validez de las declaraciones de los arrepentidos del caso central que lleva el juez federal Claudio Bonadio porque no fueron filmadas y criticó la validez probatoria de los escritos del también imputado colaborador Centeno.
“En un Estado de derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes”, sostuvo Di Lello en ese dictamen.
Esta parte del caso se abrió por dichos del arrepentido ex secretario de Obra Pública José López, quien aludió a presuntas entregas de dinero para campañas electorales y nombró a los ahora sobreseídos.
Para la fiscalía esta declaración no fue válida porque “no quedó registrada en ningún medio idóneo”.
En el caso de los supuestos delitos electorales denunciados, “el hecho y las pruebas imputados resultan imprecisos y vagos, contraponiéndose con el derecho de defensa en juicio”, sostuvo el fiscal.