Organismos de Derechos Humanos y entidades feministas acusaron a Carabineros por incumplimiento de “protocolos de actuación”
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) denunciaron irregularidades en el accionar de las fuerzas de seguridad chilenas, en el marco del estallido de las protestas que se viven en el país desde hace casi una semana.
Esas instituciones remarcaron la gravedad del tema y exigieron tanto al gobierno de Sebastián Piñera como al Ejército y Carabineros de Chile que intervenga de manera urgente para poner fin a la situación.
“Hemos constatado que Carabineros de Chile ha incumplido en forma grave y reiterada los protocolos de actuación ante detenciones y represión en contexto de protestas”, expresaron desde ABOFEM y añadieron que en dichos procedimientos se violaron “derechos de las personas detenidas” quienes fueron agredidas “físicamente de forma innecesaria”.
El comunicado indica que las fuerzas del orden, lejos de asistir a quienes estaban heridos “no prestaron ni facilitaron atención médica de urgencia” y que “obligaron a las mujeres a desnudarse en forma vejatoria, disparando bombas lacrimógenas y balines en forma directa contra el cuerpo de los manifestantes y haciendo uso de armamento de fuego de manera ilegal, ocasionando muertes de manifestantes”.
“En las calles, abogadas y observadores de derechos humanos hemos sido testigos del uso abusivo de la fuerza armada y la evidente falta de preparación de militares para tratar con personas no beligerantes, todo lo que además se agrava gracias a la inexplicable irresponsabilidad del Gobierno, que se ha abordado esta crisis diciendo que ‘estamos en guerra’, olvidando que quienes se manifiestan con toda justicia para clamar por sus derechos, están lejos de ser un ‘enemigo’”, continúa la epístola.
Por su parte, el INDH también denunció las irregularidades que se produjeron por parte de Carabineros y el Ejército y solicitó claridad por parte de las autoridades en las cifras e identidades de las personas muertas durante los disturbios y detenidas.
Sergio Micco, el director ejecutivo de la institución, dijo que “se le solicitó a las autoridades la cifra oficial de fallecidos” e indicó que se le solicitó al ministro del Interior Andrés Chadwick la “preocupación por la violación de derechos fundamentales” observados durante los operativos y los sucesivos toques de queda.
“Nos preocupa en lo fundamental la transparencia en las cifras de personas fallecidas, heridas, detenidas, entre otras, por tanto reafirmamos el rol del Instituto para ingresar a todo recinto policial, militar y hospitalario para reunir toda la información que se pueda”, complementó Micco.
El INDH registró “relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en los furgones, con mala ventilación y hacinadas, durante horas”.
Finalmente, Micco hizo un llamado a que el Ejército deje de cumplir funciones policiales, agregando que “es evidente que no está preparado para cumplir funciones de orden público. Su presencia solo debe ser disuasiva, es decir debe estar presente para resguardar bienes públicos, pero lo más distante posible de la gente, evitando posibilidades de enfrentamiento para así no repetir escenas como las que hemos visto”.
El INDH, además, informó que sumaron ocho querellas por “violencia sexual” contra agentes del estado. Seis de esos casos fueron elevados a la justicia por “desnudamientos”. “Obligación de desnudarse y de realizar sentadillas en comisarías. Incluye a un niño que se encontraba con su tío”, explicó la organización. “Esta es una práctica prohibida en los protocolos de carabineros para revisar a las personas, de la que ya teníamos denuncias anteriores al Estado de Excepción”, agregó otro comunicado.
Los otros dos casos son por “amenazas de violación” a las que fueron sometidas las víctimas. “Mujeres amenazadas de ser penetradas por parte de carabineros y una por parte de militares”.
En primera persona
Pamela Maldonado tiene 31 años. Vive en Santiago. Como otros cientos de miles de chilenos el sábado 19 había salido a la calle para manifestarse contra las recientes medidas del gobierno. Eran las 16.30. Lo hizo con su padre, según relató el portal El Desconcierto. En cierto momento se vio rodeada por carabineros quienes estaban dándole una golpiza a su padre. Intervino. Y fue peor. De acuerdo a su relato la azotaron contra una pared, mientras se llevaban a su padre “diabético y de sesenta años. Lo podían matar”.
Acto seguido fue ella a quien subieron a la furgoneta policial. A los golpes.
Luego, uno de los carabineros la amenazó sexualmente: “¡A ver si te gusta por el culo!“.
“Después subieron a un tipo ensangrentado que gritaba por el dolor de riñones, en la constatación de lesiones supimos que era VIH positivo. En un momento pedí que me dejaran limpiarle la cara a mi papá con una botella de agua, ellos lo hicieron, pero lo ahogaban con la mezcla de agua y sangre. Era una tortura”, relató la mujer.
Finalmente fueron trasladados a la Tercera de Santiago, donde el acoso continuó. Pasada la medianoche fueron liberados ella, su padre y los demás que habían sido aprehendidos. “No podemos permitir que esto siga pasando, lo que nos hicieron es completamente ilegal”, concluyó Pamela.
Silvana del Valle, abogada de Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres explicó al mismo medio que la violencia “político-sexual” es una constante en el país. “Veían y ven con especial molestia la participación de las mujeres en movimientos sociales, la violencia que se dirige hacia ellas es específica, porque existe una molestia mayor y un intento de quitarla de los espacios públicos, por ende se traduce en violencia concretamente de orden sexual”, manifestó.