El fiscal Carlos Larrarte amplió en las últimas horas la carátula de la causa narco para dos de los detenidos, Noel Martí y Leonardo Javier Jover, por el delito de juego clandestino. Además, imputó a más personas en torno a ese delito, uno de ellos el concejal mandato cumplido por el Frente para la Victoria, Francisco Medina, ex tesorero de la UPC, imputado y luego sobreseído por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta en la entidad.
El estudio de contador de Medina está ubicado en el edificio que está arriba del Centro de Monitoreo, donde funcionaba una de las oficinas de Marti que fue una de las allanadas del día que la justicia desarticuló la banda.
Además de Medina, quedaron también imputados Giuseppe Ambruoso, Rosario Marti (hermana de Noel, el ex policía que se considera presunta líder de la banda”, Maximiliano Salvide e Higinio Casas.
Esta mañana, todos se negaron a prestar declaración ante el fiscal, reservándose su derecho para cuando lo crean más conveniente.
El juego clandestino, previsto y sancionado en el art 301 bis del código penal, reprime ese delito con una pena de 3 a 6 años de prisión.
Una de las vertientes de la causa de comercialización agravada de estupefacientes por la que hay siete personas detenidas, se centró en la investigación de las diferentes páginas web de juegos de azar que manejaba Marti, lo que llevó ahora a imputarle también el delito de Juego Clandestino junto a los nuevos investigados y su socio Jover, detenido en el penal de Batán al igual que el ex policía.
Causa Narco:
La investigación fue iniciada en el año 2021 y luego de numerosos allanamientos fueron secuestrados autos de alta gama, importante cantidad de dinero (USD 545.000, $22.000.000), 2 kg. de oro en lingotes, USD 66.000 en criptomonedas y material estupefacientes.
Además de Marti y Jover, ese día quedaron detenidos: Carlos María Amondaraían (actualmente con arresto domiciliario por cuestiones de salud); Ayelén Gómez (con arresto domiciliario); Adriana Selva Beldomenico (con arresto domiciliario); Miguel Gustavo Volpe (en el penal de Batán) y un ciudadano de nacionalidad peruana, Oscar Willy Cribilleros, detenido en CABA.
Los cheques de la Usina
En 2022 Francisco Medina, el ex tesorero de la UPC, Francisco Medina, reconoció haber sustraído cheques de la entidad en el año 2018 y acordó la devolución del dinero.
Esto motivó la instrucción de un proceso penal por los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Administración Fraudulenta donde se le fijó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y tres años de prisión de cumplimiento condicional.
En noviembre del año pasado, en el marco de una audiencia de conciliación, las partes solicitaron la extinción penal y el sobreseimiento de Medina dado que pagó lo adeudado a la UPC y a los particulares damnificados. De esta forma, resarció de manera completa todo el daño más los intereses y se acordó entre las partes que se extinga la acción penal.
Medina pagó alrededor de 12 millones de pesos, sobre un monto inicial de la demanda de un millón.