La cámara de Diputados le dio media sanción hoy a un proyecto del gobierno de Axel Kicillof para crear una empresa de emergencias médicas controlada por el Estado –podrá tener participación privada- que prestará servicio en los 135 municipios de la Provincia y a la que accederán tanto las personas sin ningún tipo de cobertura como aquellas que tengan obra social o prepaga, aunque en este caso esas organizaciones deberán pagar el servicio al Estado.
El proyecto fue elaborado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak y acompañado en el recinto por las bancadas de Unión por la Patria (37 legisladores) y Unión Renovación y Fe (9 diputados) y rechazado por toda la oposición: las dos vertientes de la UCR (Cambio Federal y Acuerdo Cívico – UCR + GEN), PRO y PRO Libertad (la escisión del bullrichismo), la CC, los liberales unipersionales de Libre y BA Libre y las dos variantes de izquierda, FIT y PTS.
Fue un resultado curioso, porque URyF es una bancada supuestamente libertario, aunque sin terminal en la Casa Rosada y con mucha cercanía política con el massismo, votó a favor de un proyecto que aumenta la participación estatal en el sector. Esa fue la mayoría que permitió el avanza. Pero por caso la izquierda votó en contra. La aprobación salió por mayoría simple, con el respaldo de 45 diputados y el rechazo de 39.
El proyecto crea una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM, empresa con al menos el 51% del capital social propiedad del Estado) bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Inicialmente será con la misma estructura y personal perteneciente a la dirección de emergencia provincial, y con un presupuesto específico ya contemplado en el presupuesto vigente en la Provincia, según explicó Kreplak a los legisladores.
En el diagnóstico que llevó a Salud a presentar el proyecto figura la fragmentación del sistema que, según explicaron desde la cartera sanitaria DIB, “genera limitaciones e inequidades en el acceso a los servicios de salud, además de una inadecuada planificación del uso de los recursos y una dificultad en el recupero de los costos para la provincia y también para los municipios”, además de entorpecer la planificación y generar diferencias de costos entre las comunas.
Con la empresa unificada y funcionando en los 135 municipios, la provincia espera superar esas deficiencias e inequidades y “hacer que el sistema de emergencias de calle sea redituable ya que hoy los municipios no tienen la capacidad operativa ni la formación adecuada para poder hacer este proceso administrativo”. Para los ciudadanos, la atención será universal, pero las obras sociales y prepagas deberán pagar a posteriori el servicio cuando sea otorgado a un afiliado.
Una de las bancadas que se opuso con claridad al proyecto fue la de PRO, cuya diputada María Paula Bustos argumentó que “si el Estado se quiere ocupar de las emergencias que lo haga el Estado, si Estado quiere lo que lo realice el privado, que pague el servicio. Esta visión mixta privado -estado, demuestra la falta de voluntad de que un Estado se haga cargo de un tema de salud pública o que no se haga carga de los gastos del privado.