En una jornada clave para el futuro procesal de la causa que investiga el crimen de Bautista Coronel, la defensa técnica del único imputado sacudió el tablero judicial. Coincidiendo con la fecha fijada para la audiencia preparatoria en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1, el abogado Federico Adler radicó un pormenorizado escrito mediante el cual solicitó la inmediata libertad de Aaron Ezequiel Comaschi, oponiéndose firmemente a una nueva prórroga de su prisión preventiva.
La presentación defensiva no se limitó al estatus de reclusión del adolescente, sino que atacó directamente el corazón de la instrucción policial y penal preparatoria, promoviendo un incidente de nulidad absoluta del acta de procedimiento original y exigiendo un drástico vuelco en las pericias científicas de cara al debate oral.
Sin testigos de actuación: el origen bajo la lupa
El primer gran argumento de la defensa apunta a severas irregularidades formales cometidas por los efectivos policiales durante las primeras horas del hecho, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025:
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Acta sin aval civil: Según Adler, el procedimiento policial donde se secuestraron elementos y se labraron las primeras actuaciones se documentó sin la presencia de un solo testigo de actuación, violando expresas directivas del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
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Había gente en el lugar: La defensa remarcó que dicha omisión es inexcusable, dado que en la escena se encontraban numerosas personas que podrían haber actuado como testigos civiles. Por este motivo, solicitó que se declare la nulidad del acta y, por consiguiente, de toda la prueba derivada de ella (Efecto Dominó).
Giro en la Cámara: De “Homicidio Agravado” a “Homicidio Simple”
El pedido de libertad inmediata de Comaschi se sustenta en un cambio radical del escenario jurídico que modifica los riesgos procesales. Adler reveló en el escrito que la Cámara de Apelación y Garantías Departamental descartó la hipótesis de homicidio agravado que sostenía la fiscal Verónica Posse, resolviendo elevar la causa a juicio únicamente bajo la calificación de homicidio simple.
A este atenuante de la escala penal en expectativa, el defensor sumó que el joven carece de antecedentes, no registra otros procesos, permaneció en el lugar hasta que llegó el patrullero y posee una sólida red de contención familiar.
“La libertad de un adolescente no puede seguir restringiéndose sobre la base de riesgos procesales hipotéticos ni de afirmaciones que nunca lograron corroborarse objetivamente. Debe otorgarse de forma inmediata la libertad a Aaron. Nadie le devolverá el tiempo perdido cuando lo absuelvan por haber actuado en legítima defensa”, fustigó con dureza el Dr. Federico Adler.
Impugnación a las pericias fiscales y el factor del cuchillo
Otro de los puntos álgidos de la presentación radica en el fuerte cuestionamiento a la objetividad de la instrucción preliminar. La defensa acusó que gran parte de las diligencias fueron hechas por organismos dependientes del propio Ministerio Público Fiscal y que no se profundizaron líneas clave de la mecánica del hecho.
Para neutralizar esa supuesta parcialidad, se requirió formalmente el auxilio de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense —un órgano independiente de las partes— para desplegar tres medidas científicas en el juicio:
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Reconstrucción criminalística: Un análisis pormenorizado basado en el material fílmico de las cámaras de seguridad incorporadas al expediente.
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Nueva pericia informática: Un peritaje exhaustivo sobre los teléfonos celulares que fueron secuestrados en la causa.
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Pericia médica clave: Un estudio forense específico destinado a determinar científicamente qué incidencia fatal tuvo el hecho de que la propia víctima (Bautista Coronel) se extrajera el cuchillo del cuerpo tras el apuñalamiento.
Finalmente, el escrito desarmó el argumento de las supuestas amenazas colectivas que usaba la fiscalía para mantener encerrado al menor: la defensa constató que, tras más de siete meses y medio de trámite, no existe una sola denuncia penal ni evidencia objetiva de amedrentamientos. Ante esto, Adler exigió que el juicio se desarrolle bajo los principios de oralidad e inmediación, oponiéndose a que se incorporen “por lectura” testimonios bajo reserva de identidad, obligando a los testigos a dar la cara frente al estrado del juez Nicolás Lamberti.