La causa se inició en el año 2015, ante una denuncia por usurpación de un campo de grandes dimensiones de Lobería propiedad de Belver y Correa. Esta situación provocó una seguidilla de varias denuncias posteriores, debido a que la propiedad estaba a nombre de una sociedad, pero, en el avance de la causa, se fueron presentando distintas personas que decían que eran presidentes de esa sociedad.
Respecto al hecho en sí y lo que ocurrió ese día, Miguel Aguilar fue imputado como autor y su socio, Daniel Jurado, como participe necesario del delito de coacción agravada por la utilización de armas de fuego que sufrieron los caseros del establecimiento rural.
Según pudo saber TsnNecochea, la justicia ha logrado probar con la certeza que esta instancia requiere, la participación de ellos dos, más al menos 30 personas que los acompañaban y que no pudieron ser identificadas, pero que ingresaron al campo con un colectivo con la sigla de ATCADE y, munidos de armas de fuego y amenazaron a los caseros obligándolos a que realicen las tareas inherentes al campo hasta lograr su objetivo que era echarlos.
Todo esto lo hicieron mediante amenazas, disparos de armas de fuego y faena ilegal de los animales.
Así lo declararon, no sólo las víctimas de ese hecho, sino también vecinos del campo lindante y arrendatarios de parcelas del predio.
En ese marco, Aguilar se presentó a fines de la semana pasada convocado por la fiscalía 20 para prestar declaración junto a su abogado, pero, asistido por su derecho, se negó a hacerlo.
Si bien el silencio del dirigente no puede ser usado en su contra, la justicia tiene ahora 4 meses, prorrogables por 2 meses más, para determinar si, con las pruebas reunidas hasta el momento, solicita la elevación a juicio o bien, por el contrario, determina el sobreseimiento de los dos imputados.
Según el Código Penal, el delito de coacción prevé una pena de prisión o reclusión de dos (2) a cuatro (4) años y, si a esto se le suma la violencia e intimidación contra las persona mediante el empleo de un arma de fuego la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo.