Desde la regional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresaron su preocupación ante las versiones que indican que el Ejecutivo podría otorgar una nueva prórroga de seis meses a la actual empresa de transporte.
Aunque la medida todavía no fue confirmada oficialmente, desde el gremio señalaron que una extensión de ese plazo implicaría una “responsabilidad política” para el Ejecutivo, especialmente por la situación que atraviesan actualmente los trabajadores.
La UTA advirtió que los choferes cobran sus salarios en cuotas, mantienen parte del aguinaldo adeudado y afrontan dificultades con la cobertura de salud debido a atrasos en los pagos de la obra social.
En ese sentido, reclamaron que, si finalmente se decide extender la concesión, se establezcan garantías concretas para el cumplimiento de las obligaciones laborales y para mejorar la prestación del servicio.
“Una prórroga no puede ser solamente una decisión administrativa. Es una decisión política y, como tal, implica asumir la responsabilidad política por sus consecuencias”, señalaron desde la conducción sindical.
Además, consideraron que seis meses constituye un período suficiente para avanzar con un nuevo proceso y que, de existir empresas interesadas, podría definirse una nueva prestataria para diciembre.
Finalmente, desde la UTA remarcaron que no acompañan una eventual extensión por seis meses y pidieron que expliquen públicamente las condiciones, controles y medidas que se implementarían para evitar que trabajadores y usuarios continúen afrontando las consecuencias de la actual situación.