Las Bibliotecas Populares presentaron ante la Justicia una demanda colectiva de inconstitucionalidad y solicitan una medida cautelar para frenar los efectos que generan los artículos 2, 8, 9, 10 y 20 del Decreto 345/25 del gobierno nacional publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo de este año contra la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).
Según la demanda, la norma vulnera la Constitución Nacional, desconoce el derecho colectivo a participar en la vida cultural y desmantela el modelo federal de gestión que rige desde hace décadas en la CONABIP.
De esta medida formaron parte las bibliotecas populares de nuestro distrito: La Biblioteca Andres Ferreyra, la Biblioteca Sarmiento, la Biblioteca de Quequén y la de Juan N. Fernández.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto, según señalan desde las Bibliotecas Populares es el manejo arbitrario del Fondo Especial de Bibliotecas Populares: “Se intenta administrar unipersonalmente un fondo que ha costado muchísimo conseguir y defender, y que es vital para la supervivencia y desarrollo de miles de bibliotecas en el territorio nacional”, indicaron
Ahora esperarán la definición de esta medida y también se están comunicando con legisladores nacionales para intentar revertir esta situación.
Vale recordar que la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares fue creada en 1870 por iniciativa del presidente Domingo F. Sarmiento, mediante la ley 419.
La Ley 23.351 de 1986 institucionalizó un modelo de gestión asociativa entre el Estado y las bibliotecas populares como organizaciones de la sociedad civil. Fue un modelo pionero, actualmente más de 1.500 bibliotecas en todo el país integran este sistema, alcanzando a más de 4 millones de personas con el trabajo de más de 30.000 voluntarios.