En respuesta al incremento de hechos delictivos que afectan a los vecinos de Necochea y Quequén, el concejal y presidente del PJ local, Marcelo Rivero, brindó precisiones sobre las dos iniciativas parlamentarias que fueron presentadas de manera unificada por el interbloque de la Fuerza Patria (junto a su compañera de bancada Silvia Blanco y los ediles del espacio MDF).
Los proyectos apuntan a atacar falencias estructurales en la respuesta primaria ante la emergencia y a reformular el esquema de prevención en el partido.
El regreso del 911 local: “Atiende alguien de afuera que no conoce nuestras calles”
El primer proyecto exige gestiones conjuntas ante el Ministerio de Seguridad bonaerense y el Departamento Ejecutivo municipal para reestablecer la central de atención telefónica del Servicio de Emergencias 911 dentro del distrito, un recurso que fue trasladado a otras dependencias regionales durante el año 2017.
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Pérdida de operatividad: Rivero enfatizó la incomodidad y el perjuicio directo que sufren las víctimas al realizar la denuncia: “Hoy te atiende una persona de otro lugar que no sabe dónde queda Necochea ni conoce la trazabilidad de nuestras calles. Pedir el nombre de una calle en una ciudad que se maneja por números o no ubicar una referencia como la rotonda agrega un sufrimiento adicional en pleno momento de desesperación”.
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Gestión municipal: El edil solicitó que el intendente Arturo Rojas se ponga a la cabeza del reclamo institucional para que el despacho de patrulleros vuelva a coordinarse localmente.
Comisión Municipal de Seguridad: ampliar la mesa hacia la Justicia y las instituciones
La segunda propuesta, que buscará tratamiento en el recinto en los próximos días, promueve la creación de la Comisión Municipal de Seguridad, concebida como un organismo de coordinación estratégica que supere el esquema tradicional entre el municipio y la policía.
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Integración multipartidaria y judicial: El proyecto contempla sumar formalmente al Ministerio Público Fiscal (Fiscal General, fiscales de instrucción y Defensor Oficial) y a los jueces del Poder Judicial, actores clave en la resolución de las causas penales.
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Participación ciudadana: Se dará participación directa a las asociaciones de fomento e instituciones intermedias para que expongan la realidad de cada barrio de manera transparente.
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Prevención vs. reacción: “No podemos limitarnos únicamente a mostrar las cámaras de seguridad para ver dónde se cometió un delito. La seguridad tiene que ser una política de Estado transparente, donde el vecino le vea la cara al fiscal, al juez y al jefe policial”, aseveró Rivero, concluyendo que el objetivo central es terminar con la sensación de impunidad y “no darle ventajas a los delincuentes”.