El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de las modificaciones al Régimen de Zona Fría, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial que instrumenta los cambios fijados por la Ley 27.828. La medida redefine el funcionamiento del fondo fiduciario que financia los subsidios al consumo de gas natural y propano por redes, lo que podría traducirse en facturas más caras para miles de vecinos de Necochea y Quequén.
El punto central de la nueva normativa es que la sola residencia en un municipio beneficiado en las ampliaciones posteriores del régimen ya no será suficiente para acceder automáticamente al descuento. De esta manera, una parte importante de los usuarios del distrito podría perder la bonificación o ver recortado su porcentaje si no encuadran en las nuevas condiciones fijadas por la autoridad de aplicación.
Impacto directo en el distrito y la región
En la provincia de Buenos Aires, el alcance de los cambios abarca a unos 1.240.000 hogares distribuidos en 94 municipios, lo que representa cerca del 20% de los usuarios bonaerenses.
Junto con Necochea, el listado incluye a los demás partidos de la Costa Atlántica (Mar del Plata, Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell y Lobería) y a grandes centros urbanos del interior como Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y Azul.
De acuerdo con lo establecido, la situación difiere según el momento de incorporación al régimen: distritos como Patagones mantendrán las bonificaciones originales por haber ingresado en 2002, mientras que las comunas sumadas en las ampliaciones vigentes desde 2021 quedarán sujetas a las nuevas pautas de segmentación y evaluación.
Cómo se financiará el sistema
La reglamentación fijó las pautas operativos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, el cual continuará nutriéndose mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte.
Este recargo se aplicará sobre el volumen consumido o comercializado en el mercado interno —con exenciones para la exportación y el gas natural licuado regasificado inyectado al sistema— y deberá figurar de forma discriminada en los comprobantes comerciales. Cuando sea abonado por las distribuidoras y subdistribuidoras, el costo se trasladará a la factura de los usuarios finales.
Los fondos recaudados continuarán destinados a compensar a las empresas distribuidoras y a sostener los beneficios para usuarios de gas de red y sectores dependientes de garrafas y gas licuado en las zonas alcanzadas.
Mayor control oficial y vigencia hasta 2031
El marco regulatorio reparte competencias entre distintas áreas del Estado:
- Secretaría de Energía: Autoridad de aplicación encargada de definir las compensaciones, montos y requisitos de acceso a las bonificaciones.
- ENReGE: Ente de control de la información que presenten las distribuidoras.
- ARCA: Organismo a cargo de la fiscalización y la recaudación del recargo.
- Banco Nación: Continuará en el rol de fiduciario y administrador del fondo.
Aunque la reglamentación confirma la continuidad del programa hasta el 31 de diciembre de 2031, desde el Ejecutivo remarcaron que el mantenimiento del fondo no implica la conservación automática de los beneficios de manera generalizada. En las próximas semanas, la reglamentación de detalle especificará cuáles son las condiciones socioeconómicas requeridas para sostener la tarifa diferencial en las facturas locales.
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