La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que está trabajando junto a la cartera de Defensa, que comanda Luis Petri, en un plan para que las fuerzas armadas puedan colaborar con las de seguridad en tareas de seguridad interior, algo que para muchos observadores contradice lo dispuesto por las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.
“Estamos trabajando en un plan de desarrollo sobre métodos disuasivos de las fuerzas armadas en las fronteras. En el transporte de tropas, radares. Es algo que todavía no está terminado, recién comienza a discutirse”, sostuvo Bullrich en declaraciones radiales. Apenas precisó que “cuando estemos en condiciones” darán detalles.
En los últimos días habían circulado versiones periodísticas, publicadas por los diarios Clarín y La Nación, respecto de la supuesta intención de Bullrich de sumar a las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero tampoco en ese momento hubo precisiones.
La idea de que tanto el narcotráfico como el terrorismo constituyen nuevas amenazas a la seguridad nacional que reemplazarían al comunismo es alentada por el Gobierno de Estados Unidos desde hace años. La última en ratificarlo fuera la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, quien estuvo dos veces en el país.
Un esquema de apoyo logístico a las FFAA en tareas de combate al narcotráfico y el terrorismo había sido establecido vía decreto por el expresidente Mauricio Macri en 2018. Luego, su sucesor, Alberto Fernández, pero anunció el envío de tropas a Rosario –ciudad afectada por la violencia narco- para custodiar la “urbanización” de barrios.
En América Latina la participación de militares en la guerra contra el narco se remonta a la década del 70. Pero tiene dos hitos clave: la guerra lanzada en México el 11 de diciembre de 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón. Y El plan Colombia, de 1999, que incluso permitió que uniformados de Estados Unidos actuaran en ese país
Fueron dos grandes fracasos. En el caso mexicano, aunque las cifras varían los muertos no bajan de los 150.000 solo si se cuentan a jóvenes de entre 15 y 19 años. Y en Colombia, las estimaciones van entre 450 mil y los 800 mil. Eso sin contar los desplazados y las víctimas de todo tipos de abusos que no murieron.
Pero además, los expertos internacionales señalan que ambas experiencias terminaron con las fuerzas armadas infiltradas por el narco y con el problema de la droga sin resolver: los carteles mutaron pero siguen activos y se expandieron a otros países de la región.