El secretario de Trabajo, Julio Cordero, pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo la intervención de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que lidera José Voytenco, por irregularidades en el congreso general ordinario del sindicato realizado el 28 de noviembre pasado, donde se aprobó la memoria y balance de la organización y se brindó un respaldo al líder gremial, pero la convocatoria fue impugnada por varias seccionales del interior.
Así, el Gobierno avanzó con otra decisión contra Voytenco, pocas horas después de una presentación que hizo el interventor en la obra social, OSPRERA, con el resultado de una auditoría en la que, como anticipó Infobae, se detectaron una deuda de casi 100.000 millones de pesos y un déficit mensual de 4.200 millones de pesos, además de diversas irregularidades y falta de controles internos.
En los argumentos de la resolución firmada por Cordero se menciona que “el Secretariado Nacional de UATRE convocó a un Congreso Ordinario en la ciudad de Puerto Madryn, citando a Seccionales y Congresales que las representen, excluyendo Seccionales y sus correspondientes Congresales”.
Por eso Trabajo dispuso la suspensión del congreso hasta tanto se resolvieran las impugnaciones ya que su realización, destacó, “podría significar un trato discriminatorio y una vulneración a los derechos sindicales de los afiliados que habrían elegido a sus delegados congresales y, en consecuencia, permitir el acto convocado podría cercenar derechos difíciles de reparación ulterior”.
En la resolución oficial se menciona que, sin embargo, ese congreso de UATRE se hizo igual “soslayando la suspensión dispuesta, incumpliendo las resoluciones estatales, afectando la gobernabilidad del sindicato y la validez de las decisiones adoptadas” en ese encuentro.
“Se advierte que se han presentado distintos escritos con impugnaciones, denuncias de situaciones relacionadas con el quebrantamiento de derechos e intereses de importantes sectores de trabajadores agrupados en la entidad sindical, los que revelan una reiteración de conductas que configuran irregularidades administrativas en el seno de la UATRE”, agregó el texto.
Tras considerar “que esta situación desvirtúa el proceso democrático interno del sindicato, y compromete la estabilidad institucional de la organización, afectando directamente a los trabajadores afiliados”, la resolución sostiene que “resulta conveniente adoptar medidas que permitan reestablecer el orden gremial y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sindicales”.
En su momento, Aixa Petrati, secretaria de Actas de la Seccional La Plata de UATRE, opositora de Voytenco, dijo: “La Secretaría de Trabajo entendió que todas las denuncias presentadas contra los manejos y gestiones de Voytenco tienen que parar de ser convalidadas por los congresales seleccionados a su discreción, son actos contrarios a los derechos sindicales. Por eso el Poder Ejecutivo manifestó que suspender el congreso es la mejor medida para que Voytenco no siga actuando y disponiendo a su antojo con impunidad y en desmedro de los afiliados”.
“Se hizo lo correcto al suspender el congreso en un hotel de lujo en Puerto Madryn con un presupuesto cercano a los 1.000 millones de pesos cuando un peón gana 600 mil pesos por mes mientras que el sindicalista Voytenco y la conducción están investigados por corrupción”’, agregó.
Por otra parte, desde hace meses que el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga a Voytenco, a quien en octubre pasado le embargó los bienes e inhibió sus cuentas por presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos sindicales y lavado de activos a partir de la denuncia de otro dirigente de su sindicato, Marcelo Andrada.
Ese gremialista le apuntó a Voytenco por su nivel de vida y su relación con ciertos proveedores de servicios de UATRE y, a la vez, aludió a la falta de transparencia en la administración de OSPRERA, que según indicó, habría negado prestaciones a afiliados en momentos de alta necesidad. Por eso el Gobierno dispuso la intervención de la obra social y, durante una audiencia judicial, la Superintendencia de Salud (SSS) denunció un posible desfalco de más de $3.350 millones.
Fuente: Infobae