En una sesión marcada por la electricidad que quedó flotando en el aire tras los violentos incidentes de ayer por la reforma laboral, el Gobierno logró sacar pecho y se anotó dos triunfos consecutivos al aprobar la nueva ley penal juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, y también la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El oficialismo ganó la primera batalla la ganó con autoridad, con 149 votos a favor del régimen penal de menores y 100 en contra, número que aglutinó a todo Unión por la Patria con los cuatro diputados de izquierda, los tres catamarqueños de Raúl Jalil y la cordobesa Natalia de la Sota.
Si el Gobierno logró pisar firme y salir airoso en ese primer test, la segunda prueba la superó con mucha mayor holgura: para refrendar el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea cosechó la frondosa suma de 203 apoyos frente a 42 negativos y cuatro abstenciones.
El dato político distintivo del resultado final es que Unión por la Patria se dividió en mitades: mientras que 43 votaron con el oficialismo, 38 peronistas (el kirchnerismo duro, La Cámpora y el sector de Juan Grabois) votó en contra junto a la izquierda, y otros cuatro se abstuvieron.
Sorprendió que el titular de bloque, Germán Martínez, que en este tipo de votaciones atípicas con la bancada fragmentada suele abstenerse para hacer equilibrio, haya decidido acompañar la postura del oficialismo.
Régimen Penal Juvenil
Con la media sanción de Diputados, el proyecto que crea el nuevo régimen penal juvenil será tratado por el Senado y es posible que se trate en una sesión a celebrarse el 26 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias de la Cámara alta a la Agencia Noticias Argentinas.
La iniciativa plantea una reforma de una ley de la dictadura y, entre otros puntos salientes, propone penas de prisión no mayores a los 15 años, además de sanciones alternativas más leves con un criterio de gradualidad.
Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua para menores de 14 a 17 años, y se fija que aquellos adolescentes que sean privados de su libertad cumplan la pena en establecimientos específicos, separados de los adultos criminales.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.
“Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.
A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar “una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.
“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.
Según Tolosa Paz, “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.