Organizaciones sindicales, educativas y políticas concretaron este jueves la 5° Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, que finalizó con incidentes entre un grupo de manifestantes y personal de las fuerzas de seguridad.
Según el informe de la Policía de la Ciudad al que accedió la Agencia Noticias Argentinas de los seis manifestantes arrestados, cuatro son mayores de edad y los otros dos menores (14 y 17 años), todos por “atentado y resistencia a la autoridad”.
Entre los mayores de edad apresados (22, 45, 19 y 31 años) hay tres hombres y una mujer, todos por “Atentado y resistencia a la autoridad” e interviene la Unidad flagrancia Este.
Y entre los agentes lesionados, dos de ellos pertenecen a la PFA, cuatro a Gendarmería Nacional (GNA) y otros dos a Prefectura Naval (PNA).
La esquina de la avenida Rivadavia y Callao fue el sector donde se produjeron enfrentamientos que incluyeron lanzamiento de piedras hacia los efectivos que respondieron con gases y el uso de camiones hidrantes, mientras el acto central se desarrollaba.
Sobre el final de la tarde ya se reportaban uniformados y manifestantes heridos y hasta las 19 la Policía de la Ciudad había reportado las detenciones de seis manifestantes, uno de ellos un menor de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, según informó.
Las organizaciones convocantes aseguraron que las casas de altos estudios “están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.
Contaron con el acompañamiento de la CGT, las dos vertientes de la CTA, la UTEP, agrupaciones de izquierda, la UCR y la militancia peronista que estuvo dividida entre las filas de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza el gobernador Axel Kicillof.
El documento firmado en defensa de “la educación, la soberanía y la democracia” por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.”
En el texto remarcaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la exigencia de su cumplimiento, al mismo tiempo en que destacaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso avalaron su vigencia mediante medidas cautelares y leyes que, a su vez, obligan al Ejecutivo a aplicarlo de manera inmediata.
Asimismo, criticaron al Gobierno Nacional por el decreto DNU 70/23, al que rechazaron abiertamente, y cuestionaron la negativa oficial a cumplir las leyes y fallos judiciales.