El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla un aumento del gasto total en 5,7%, pero muestra decisiones de recorte en áreas sensibles como la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cambios en las prestaciones en discapacidad y recortes en universidades.
Estos puntos fueron los que provocaron los mayores choques entre el oficialismo y la oposición previo a las elecciones de 2025, período en el que se votaron leyes que aumentaban el gasto público en esas áreas. El presidente Javier Milei había prometido que tras las elecciones iba a modificar esas leyes a partir de la nueva conformación parlamentaria. La ejecución de esta advertencia llegó con el presupuesto 2027, donde se avanza en recortes en programas sociales y se aumentan partidas para áreas como defensa para la compra de equipamiento militar.
De aprobarse el presupuesto tal como está y en caso de concretarse las pautas macroeconómicas fijadas por el Poder Ejecutivo —que calculan “una inflación de 29% para 2026 y de 18% para 2027”—, la suba de 5,7% en el gasto público revierte la tendencia descendente registrada en los últimos años, aunque al comparar el nivel proyectado con el crédito devengado en 2023 se observa una disminución del 26,5%.
La evolución presupuestaria muestra un comportamiento desigual entre las distintas finalidades del Estado:
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Servicios sociales: proyectan un aumento interanual de 6,1% en términos reales frente a 2026, pero el saldo acumulado entre 2023 y 2026 registra una disminución de 16,1%.
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Servicios económicos: proyectan una caída de 10% entre 2026 y 2027 y un recorte de 68% respecto de 2023, motivado fundamentalmente por la reducción en subsidios a tarifas, energía e infraestructura vial. Esto significa un mayor gasto para familias y empresas.
Los datos forman parte del primer informe técnico elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre la base de las planillas oficiales del Ministerio de Economía. En su análisis, el organismo resalta que el 40% de los recortes presupuestarios totales en los últimos cuatro años se explican por las reducciones en servicios sociales, seguidas por la baja en servicios económicos con una incidencia del 38%. A su vez, la Administración Gubernamental se proyecta 42% por debajo de 2023 y la Deuda Pública muestra una contracción del 26% en el mismo período.
Servicios sociales
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Salud y Seguridad Social: la función Salud presenta un crecimiento interanual del 16% y un aumento de 30% desde 2023 (impulsado por la finalización del Impuesto PAIS y el cambio de financiamiento del PAMI). En Seguridad Social se asigna un incremento de 5% interanual, situándose 2% por debajo de 2023.
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Educación y Cultura: prevé un aumento cercano al 8% con respecto al año anterior, pero el sector acumula una caída de 44% desde 2023.
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Trabajo, Promoción y Asistencia Social: crece un 2% interanual, pero arrastra un recorte acumulado de 74% respecto de 2023.
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Infraestructura social: las partidas para Agua Potable y Alcantarillado y Vivienda y Urbanismo muestran caídas de 93% y 99% frente a 2023, respectivamente. El Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana fue desfinanciado y no está contemplado.
Niñez y Asignaciones: eliminación de la fórmula de movilidad Las transferencias monetarias para la infancia y adolescencia ubican los recursos en 2027 en un nivel similar a 2023. Las prestaciones con fórmula automática recuperaron 31,9% desde 2023, mientras que las sujetas a ajustes discrecionales sufrieron un recorte del 50,5%. Un punto central es el artículo 17 del Proyecto, que propone eliminar la movilidad de la AUH y de las Asignaciones Familiares. ACIJ destaca que la norma vuelve completamente discrecionales los aumentos y pone en riesgo el valor de la AUH.
Universidades y pérdida del poder adquisitivo docente Para el programa Desarrollo de la Educación Superior, el proyecto ratifica los niveles de 2026, lo que implica que en 2027 las Universidades tendrán 24,9% menos que en 2023. El proyecto contempla asignaciones por $ 7,5 billones, un 32% menos que los $11 billones requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En materia salarial, los salarios docentes perdieron un 25% de su poder adquisitivo entre 2023-2026 y un 47% entre 2015-2026.
Políticas de Discapacidad y reformulación de pensiones
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Fin del arancel único: se elimina la pauta uniforme del Nomenclador, permitiendo que cada ente obligado lo determine con los prestadores.
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Reorganización de pensiones: se elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y se mantiene únicamente la Pensión por Invalidez Laboral.
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Incluir Salud: registra un recorte del 13,9% respecto de 2026 y de un 19% respecto de 2023.