La medida la dispuso la Suprema Corte bonaerense. El caso trascendió porque en la Casa de Citas le robaron dinero y tarjetas de crédito y el magistrado radicó la denuncia. Se trata de Onildo Osvaldo Sthempelet, titular del juzgado de Ejecución Penal 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó este jueves licenciar por 90 días a un juez de Ejecución bahiense para investigar si cometió un delito cuando concurrió a una supuesta casa de citas, hecho que se conoció porque le habrían robado dinero y una tarjeta de crédito, informaron fuentes judiciales.
En la resolución, el máximo tribunal dispuso “la licencia por el término de 90 días a partir del día de la fecha para Onildo Osvaldo Sthempelet, titular del juzgado de Ejecución Penal 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca”.
Además, se ordenó “dar vista al señor Procurador General de lo informado por el fiscal General del Departamento Judicial de Bahía Blanca a fin de que evalúe el actuar del doctor Sthempelet en los términos de la Ley 13.661 y verifique si corresponde formular acusación de conformidad con el artículo 182 de la Constitución Provincial”.
La medida fue firmada por los jueces Eduardo De Lazzari, Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Sergio Torres.
El hecho ocurrió el 15 de mayo último en momentos en que el magistrado estaba en una vivienda situada en la calle Rivadavia al 2.800 de Bahía Blanca, que se investiga si funciona como casa de citas.
Fuentes judiciales señalaron que “luego de un llamado al servicio de emergencias 911 acudieron al lugar efectivos del Comando de Patrullas debido a que hubo una sustracción”.
Respecto de si el juez podría haber cometido algún delito, el vocero indicó que “la prostitución ejercida en forma individual no es delito, pero si se trata de un prostíbulo sí porque está la figura del proxeneta y la ley de profilaxis provincial”.
Ante ello, se le dio intervención en este caso a la Unidad Funcional de Delitos Sexuales para que llevara a cabo otra investigación.
Según se indicó “la cuestión pasa por determinar si, independientemente del hecho del robo, existió otro delito o si la acción puede ser cuestionada desde el punto de vista del decoro”.