La Justicia de Garantías ha dado lugar a un pedido de habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en relación a la situación de los adolescentes detenidos en el “Batancito“, el Centro de Recepción y Cerrado de Batán, y ha ordenado que cesen las “requisas humillantes”, las sanciones de aislamiento y que las autoridades implementen un protocolo de prevención de situación de suicidio. Cabe remarcar que allí residen también jóvenes de nuestra ciudad que han sido privados de la libertad por cometer algún tipo de delito.
El titular del Juzgado de Garantías N° 4, Juan Tapia, evaluó el planteo presentado por la CPM en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires, que señalaba un “agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención” de los adolescentes alojados en el Centro de Recepción y Cerrado”, con afectaciones a sus derechos a la intimidad, dignidad y salud.
El “Batancito” es un lugar de encierro para adolescentes de 16 y 17 años en conflicto con la ley penal que cuenta con una capacidad para 22 personas, distribuidas en dos pabellones (uno para 10 internos y otro para 12), con todas sus celdas individuales y con un box sanitario. Allí se alojan jóvenes que o bien ya fueron condenados o están con prisión preventiva en el marca de causas por hechos violentos y graves a la espera de un juicio.
Desde la CPM habían presentado un pedido de habeas corpus por una serie de irregulares que habían detectado, como problemas edilicios, de acceso a la salud de los internos y de maltratos por parte del personal de seguridad. Ante esta situación, el juez Tapia le encomendó al fiscal Juan Pablo Lódola iniciar una investigación y una serie de inspecciones en el lugar.
Cada adolescente detenido en el “Batancito” puede recibir visitas que duran dos horas. En entrevistas confidenciales con integrantes de la CPM, los jóvenes relataron que las requisas a sus familiares consisten en el desnudo completo -que incluye la ropa interior- frente a personal policial y en hacer flexiones, sin importar si se trata de niños, niñas o adultos. Algunos de los detenidos expresaron que renunciaron a ser visitados por hermanos o hermanas menores para que no atraviesen esa situación “humillante”.
Ese tipo de requisa, dicen los adolescentes privados de su libertad, se repite también con ellos e implican un desnudo total, la realización de flexiones en ese estado e incluso la obligación de frotar los boxers para que prueben que no esconden nada en los elásticos.
Los peritos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil concordaron en que quedó en evidencia que no hay un protocolo único de requisas a detenidos o familiares y que esto queda siempre a criterio del personal del lugar.
Ante estas irregularidades, el juez Tapia ordenó que se readecúen las requisas a los jóvenes privados de su libertad, y a sus familiares, y que se evite toda requisa que implique un trato vejatorio, degradante o humillante, en especial las situaciones de desnudo y la realización de flexiones.
Prohibición de aislamiento
En el Centro Cerrado de Menores, una sanción que los jóvenes recibían era la de aislamiento en su celda durante 22 o 24 horas por períodos de entre 3 y 5 días, algo que el juez de garantías prohibió en el habeas corpus firmado.
Además, Tapia prohibió las sanciones disciplinarias colectivas y remarcó la necesidad de recuperar los espacios de recreación deportivos (cancha de fútbol) para tornar operativo el derecho a la recreación y a la dignidad de los jóvenes.
En esta readecuación del régimen de sanciones disciplinarias, el magistrado ordenó que se debe garantizar, en forma previa al dictado de una sanción, la información al joven de la infracción que se le imputa como así también la posibilidad de presentar su descargo, ofrecer prueba y ser oído; y en forma previa a la ejecución de la sanción la comunicación de la medida al juez interviniente.
En una inspección realizada el 17 de abril, el juez de garantías Juan Tapia charló con un adolescente detenido en el Centro Cerrado de Menores, quien le contó que el sábado 15 de abril había intentado quitarse la vida en su celda. Según explicó el joven, porque estaba cansado de la falta de respuesta ante su pedido de ser trasladado al Gran Buenos Aires para estar cerca de su familia.
El adolescente permanecía aislado del resto de la población en su celda individual y aún no había sido entrevistado por ningún profesional de salud mental.
El juez Tapia ordenó que se asegure la presencia de profesionales que garanticen un adecuado abordaje de la salud de los jóvenes, con especial atención en la salud mental y el consumo problemático de drogas, y que se elaborare un protocolo de actuación y prevención de situaciones de suicidio o autolesiones. Otro de los aspectos que figuran en el habeas corpus es la situación edilicia, que si bien se halló en buen estado no se detectó un sistema antisiniestral, por lo que el el juez ordenó poner en conocimiento a las autoridades administrativas para que resolvieran ese aspecto.
Finalmente, Tapia también ordenó a las autoridades del Centro de Recepción y Cerrado que garanticen una frecuencia que permita comunicaciones de calidad entre los detenidos y sus familias.
La Capital