En apenas tres días, Mar del Plata volvió a enfrentarse con una secuencia de hechos violentos que difícilmente pueda ser considerada una casualidad estadística. El jueves por la noche, vecinos de distintos barrios hicieron sonar cacerolas para reclamar por la inseguridad. El sábado hubo dos homicidios en pocas horas. Y este domingo la vecina ciudad atlántica despertó con la noticia del asesinato de una crueldad extrema: una joven de 24 años que había acudido a una presunta entrevista laboral fue asesinada en un balneario del sur.
Cada uno de esos casos tiene características diferentes y deberá ser investigado por separado. No existe una única explicación para un comerciante asesinado durante un asalto, un hombre hallado muerto en la vía pública y una mujer víctima de un crimen que, por sus primeras características, aparece atravesado por la violencia de género y el engaño.
Sin embargo, el reclamo vecinal del jueves no surgió después de estos homicidios. Ya existía. Los cacerolazos fueron una manifestación de un malestar que se viene acumulando desde hace meses en distintos barrios. Robos violentos, motochorros, entraderas, ataques a comerciantes y vecinos que sienten que el delito gana terreno forman parte de una conversación cotidiana que excede las redes sociales y llegó a las calles.
Lo ocurrido durante el fin de semana no hace más que potenciar esa preocupación. El asesinato del comerciante Ricardo Ruiz golpeó especialmente porque volvió a poner sobre la mesa una escena repetida: un trabajador que enfrenta un robo y termina perdiendo la vida. La rápida detención de los presuntos autores representa una respuesta eficaz de la investigación policial y judicial, pero no alcanza para disipar la pregunta de fondo: ¿cómo evitar que estos hechos ocurran?
El asesinato de Johana Antonich abre otra discusión igual de profunda. Una joven que buscaba una oportunidad laboral habría sido captada mediante una falsa propuesta difundida por redes sociales. Si esa hipótesis se confirma, el caso exhibirá una modalidad delictiva que obliga a revisar mecanismos de prevención y advertencia frente a nuevas formas de captación de víctimas. La investigación recién comienza y será la Justicia la que determine qué ocurrió. Pero el impacto social ya está instalado.
En paralelo, otro homicidio ocurrido en Villa La Palangana continúa sin respuestas definitivas. Como los casos que se suceden casi todas las noches en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con heridos de arma blanca y baleados que siquiera formalizan las denuncias.
Tres asesinatos en un mismo fin de semana constituyen un dato objetivo. No implican, por sí solos, que exista una misma causa ni una misma solución. Pero sí obligan a preguntarse si las políticas de prevención, los recursos policiales y las estrategias de seguridad están logrando responder a una realidad cada vez más compleja.
La demanda ciudadana no parece apuntar únicamente a más patrulleros. También reclama presencia del Estado, investigaciones rápidas, prevención, controles y una coordinación efectiva entre las distintas áreas que intervienen en la seguridad pública.
La Capital