Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Osvaldo Sanfelice, entre otros acusados, vayan a juicio oral en la causa Hotesur SA donde fueron procesados por lavado de dinero.
El juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta y demás acusados de esta causa, como responsables de actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar en banda, en la causa donde se investigaron las operaciones de Hotesur SA, empresa dueña del hotel Alto Calafate. Además, se les trabó embargos por 800 millones de pesos que recaen sobre cada uno de los imputados.
Es que los investigadores, estimaron que en estas operaciones se llegaron a blanquear al menos $ 80 millones, como surge del dictamen al que accedió Clarín.
Allí plantearon: “Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados” con los ex Presidentes y con funcionarios”.
Hubo una segunda etapa, según el dictamen, donde “los empresarios junto con los ex mandatarios y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios,a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”, algo que se investigó en Los Sauces SA (otra causa por lavado).
La hipótesis que investigaron los fiscales Pollicita y Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.
Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.
Según el fiscal Pollicita, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.
Así, Pollicita y Mahiques al pedir la elevación a juicio oral de la familia Kirchner, Báez, y quince imputados más, sostuvieron que en la causa Hotesur se “dio por corroborada la maniobra por la cual la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional —a través de la obra pública vial—, a los ex presidentes y a su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa HOTESUR S.A”.
En esta instancia, señalaron en su dictamen que “la puesta en marcha y concreción de una estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de doce años”, le permitió a los principales acusados “sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos” y esos fondos “iniciaron un camino de retorno a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la familia Kirchner”.
Para los fiscales los hoteles de la ex Presidenta, fueron parte de un “proceso de reciclaje que, con los fondos ilícitos de la obra pública y a través de Valle Mitre de Báez, se desarrolló entre 2008 y 2013″. Sin embargo, Pollicita indicó que la investigación “no se agota” en dicha maniobra y la vinculó con otras causas de lavado de dinero donde está involucrado Sanfelice y Cristóbal López.
Según Pollicita y Mahiques se montó un “circuito económico basado en la actividad hotelera” que le permitió a los Kirchner “canalizar regularmente” fondos que recibía Báez de la obra pública y mover el dinero a través de “una sociedad pantalla” para aplicar el mismo “a maniobras de blanqueo”.
Acusaciones
Los fiscales acusaron a 20 personas -entre ellos Cristina y sus hijos, Lázaro Báez y su hijo Martín- que terminaron procesados. Se los responsabilizó de haber formado parte de “un complejo entramado societario” que se puso en marcha “para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado (la causa de obra pública)”.
Para lograr esto, según plantearon los fiscales durante la investigación, los acusados “recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen” y “múltiples” negocios con las empresas del Grupo Austral”, con el fin de otorgarles a dichas operaciones comerciales, “apariencia de legítimas”.
Cuatro instancias del lavado
La Justicia determinó que las operaciones de lavado contaron con una instancia previa: que Néstor y Cristina Kirchner se hicieran de “fondos líquidos para poder justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros”. Entre 2005 y 2009 hubo más de quince compra-ventas de terrenos y propiedades entre Báez K y los ex presidentes.
1) Adquisición de hoteles. Con dicho flujo de dinero, indicó Ercolini, “Kirchner -a través de su hijo Máximo- adquirió el el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y la totalidad del paquete accionario de la firma Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, por 4.900.000 dólares”.
2) Utilización de Valle Mitre. En una segunda instancia, para la “maniobra económica diseñada desde el negocio hotelero”, fue indispensable la firma Valle Mitre SRL propiedad de Lázaro Báez, creada meses después de que los Kirchner adquirieron los hoteles y fue utilizada en el esquema de blanqueo “para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería, y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen”.
3) Canalización de fondos para Valle Mitre. La firma no tenía capacidad económica para pagar el alquiler de Hotesur. Por eso, quien le inyectaba dinero era Austral Construcciones -principal contratista de la obra pública vial-. La empresa que administró los hoteles de los Kirchner registró ingresos por pagos de la constructora entre 2007 a 2015, por casi 71 millones de pesos.
4) Ingreso de fondos al patrimonio K. Dichos fondos después se derivaban a la empresa hotelera de la ex Presidenta. Valle Mitre, a su vez, enviaba dinero a otras empresas del Grupo Austral (Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, La Estación SA, Don Francisco) para que éstas terminen alquilando habitaciones de los hoteles sin utilizarlas. Garantizaron así ingresos por más de 14 millones de pesos a la familia Kirchner.
Entre 2009 y julio de 2013, Báez garantizó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. La cifra es importante, pero más la proporción que guarda en el total de los ingresos de la empresa familiar. El 54 % de los ingresos de Alto Calafate provinieron del Grupo Austral.
Lázaro contrató habitaciones de los tres hoteles de los Kirchner, justificando que era para personal de sus constructoras que hacían obras públicas cerca de El Calafate.
Sin embargo, una pericia confirmó que los obreros trabajaban a más de 340 kilómetros de allí. También se firmaron contratos de consultoría. “Tras hacer frente a los costos propios de la actividad hotelera, remitía tales fondos mensualmente a los ex Presidentes y luego a sus hijos en concepto de canon locativo por esos inmuebles”, sintetizó Ercolini.
Mientras el amigo y entonces socio de los Kirchner era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz (un total de 52 contratos por 46.000 millones de pesos), paralelamente garantizaba “a los ex Presidentes y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimiento hoteleros”, consignó el juez. Todo permitió a los ex Presidentes “aumentar notablemente su patrimonio”.