Arturo Rojas, intendente del distrito de Necochea mantuvo un encuentro con el subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, ingeniero Gastón Ghioni.

El jefe comunal habría obtenido el aval del Gobierno bonaerense para avanzar con el pedido de intervención. También se analiza la posibilidad de realizar una auditoria para conocer el verdadero estado de la Cooperativa eléctrica

Entre los varios fundamentos de avanzar con esta importante medida se encontraría la importante deuda que mantiene la UPC con la Cammesa, a quien se le compra la energía eléctrica que luego se vende a los asociados del servicio local, la que ascendería a más de 8.300.000.000 de pesos.

A raíz de esto se estaría en proceso de elaboración un decreto (algunos hablan de una resolución provincial avalando la postura del Ejecutivo), en un intercambio de información que comprendería la intervención de auxiliares técnicos de la citada Subsecretaría y del área Legal y Técnica del Ejecutivo necochense.

Además, hoy, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentará ante el OCEBA una solicitud de intervención de la Usina Popular Cooperativa por el incumplimiento de la resolución 576 que trata la segmentación de subsidios.

Renovación
La Usina Popular Cooperativa de Necochea, al igual que las cooperativas de La Dulce, Juan N. Fernández y San Cayetano, se encuentra en el proceso de renovación de la concesión con la Municipalidad de Necochea. El período de renovación propuesto es de 25 años, pero cada caso será revisado de manera individual por el Departamento Ejecutivo local.

Hasta el momento, se ha dado luz verde para que las cooperativas de La Dulce, Juan N. Fernández y San Cayetano renueven sus contratos de concesión por un cuarto de siglo adicional, y se espera que se presente la ordenanza correspondiente ante el Concejo Deliberante para su revisión y aprobación.

Sin embargo, en el caso de la Usina Popular Cooperativa de Necochea, la situación parece ser diferente, y aún no se ha confirmado si se le permitirá renovar la concesión por 25 años más.

La renovación de estas concesiones es un tema importante que puede afectar la provisión de servicios públicos en la región, y es un asunto que requerirá una cuidadosa consideración por parte de las autoridades municipales y los interesados involucrados.