La Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires difundió un comunicado en repudio al ataque que sufrió la dra. Patricia Hortel, a cargo de la UFI 1 de Saladillo, cuya vivienda fue incendiada por vecinos en una protesta por una menor de 13 años que tuvo un bebé. Hortel no tenía nada que ver con la causa, según se informó.
“Una vez más, un fiscal de la Provincia de Buenos Aires ha sido víctima de un ataque directo a su integridad física y a su propiedad. La Dra. Patricia Hortel, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción No. 1 de Saladillo, sufrió un atentado en su domicilio, donde un grupo de personas incendiaron y dañaron su propiedad” señalaron, considerando que “este hecho, vinculado a su labor profesional, es una muestra más de la grave situación que enfrentan los fiscales en nuestra provincia. Resulta inadmisible que los fiscales, quienes desempeñan una función esencial para el funcionamiento de la justicia y el Estado de derecho, sean objeto de ataques y amenazas, es imprescindibles el cumplimiento de las directrices internacionales que establecen las garantías mínimas para que los fiscales, sus colaboradores y sus familias, permitiendo asi se permita ejercer las funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados”.
En ese marco, los funcionarios remarcaron que “los fiscales se enfrentan a condiciones laborales adversas, como la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos, que los vuelven más vulnerables ante situaciones de riesgo. Estas condiciones, sumadas a los ataques directos, generan un clima de inseguridad que dificulta el ejercicio de sus funciones”.
Además, recordaron que “la Provincia de Buenos Aires, que concentra una gran parte de la población del país, se encuentra históricamente perjudicada en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Esta situación genera un déficit presupuestario crónico que afecta a todos los servicios públicos, incluyendo el Poder Judicial”.
Según sostienen, “la falta de recursos adecuados impide garantizar las condiciones laborales necesarias para los fiscales y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas para combatir la inseguridad”.
Es por ello que, desde la Asociación exigen al Gobierno Provincial y a las autoridades competentes que adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad de los fiscales, sus colaboradores y sus familias. Además, reclaman que se investiguen a fondo estos hechos y se sancione a los responsables con todo el peso de la ley.
“Es fundamental revisar la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos para garantizar una distribución más equitativa de los recursos y así poder brindar mejores servicios a todos los bonaerenses” indicaron, adelantando que “ante este grave hecho, hemos iniciado acciones concretas. Por un lado, hemos mantenido comunicación con el ministro de Seguridad, quien ha manifestado su preocupación y se ha comprometido a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la Dra. Hortel”.
Asimismo, la Asociación se presentará como particular damnificado en la causa penal, “demostrando así nuestro compromiso con la defensa de los intereses de nuestros colegas y con la exigencia de una respuesta institucional firme y contundente”.