Con el objetivo de hacer más fáciles los trámites administrativos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.430 que había sido aprobada por la Legislatura Bonaerense a mediados de abril. A partir de ahora, ningún organismo estatal podrá pedir documentación que ya esté en sus archivos para completar algún papeleo.
Textualmente, la norma establece el derecho “de toda persona humana y jurídica” a realizar trámites administrativos en el ámbito bonaerense “sin que le sea requerida documentación cuyos datos obren en archivos estatales, organismos descentralizados y autárquicos o en otros bancos de datos que posea el Estado o pueda acceder de manera electrónica o virtual”.
Esta obligación de las oficinas bonaerenses rige en “toda la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, sus organismos centralizados, descentralizados y autárquicos y las sociedades con mayoría accionaria del Estado bonaerense”. A esto se le podrían sumar los municipios que elijan adherir a esta Ley.
Implementar este cambio no será sencillo. De hecho, la Ley agrega que las reparticiones públicas “tendrán la responsabilidad y obligación de arbitrar los mecanismos para la aplicación”. Esto supone “eliminar obstáculos digitales para posibilitar y permitir que los datos se compartan y reutilicen”, “reorganizar procedimientos internos” y desarrollar “servicios públicos digitales e interoperables, inclusivos y accesibles, abiertos y transparentes, fiables y seguros”.
La iniciativa había sido presentada en noviembre del año pasado por la senadora María Vanesa Spadone. Según la legisladora de la Segunda Sección Electoral, surgió para “simplificarle la vida a la gente”.